Este martes, Nicaragua presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, evidencias de que Costa Rica ha provocado graves daños con la construcción de la carretera en la margen sur del Río San Juan.
Durante su exposición ante el máximo tribunal, el abogado de Nicaragua, Andrew B. Loewenstein, afirmó que la carretera está causando daños por estar situada en un área cercana a un sitio de importancia ecológica.
Loewenstein hizo uso de los datos del Documento EnviromentalDiagnosticAssesment (EDA), el cual fue presentado por la propia Costa Rica en su Contra memoria en diciembre de 2013, y en la Dúplica de febrero de 2015.
En base a ello, Nicaragua alegó que la sedimentación produce efectos negativos en los cuerpos de agua y por tanto en la biodiversidad acuática.
También hizo énfasis en que la carretera afecta a las especies acuáticas porque tiene impactos negativos en la cadena de alimentos, en la reducción de las poblaciones de macroinvertebrados, en huevos y larvas de peces, entre otros.
En el mismo informe se establece que el área comprendida entre el Río Infiernito y Boca de San Carlos, es la que mayor impacto ecológico tiene por causas de la construcción de la carretera.
En esta zona hay también varios ríos tributarios y drenajes que transportan sedimentos al Río San Juan, a lo que hay que sumar acciones como la tala de árboles, movimientos de tierra y procesos de erosión del suelo.
El abogado de Nicaragua señaló que el documento presentado en diciembre del 2013 establecía 27 recomendaciones, entre estas la limpieza de los sedimentos acumulados que impedían el paso del agua a través de drenajes naturales, el mejoramiento de la estructura de los drenajes para evitar alteración en los humedales, continuar con los obras de protección en las áreas de deslaves y evitar la producción de sedimentación.
Sin embargo, el documento presentado en el 2015, muestra que los daños eran mayores dos años después, además que estaba disminuyendo la calidad del agua. Con el documento quedó demostrada la importancia de haber contado previamente con un Estudio de Impacto Ambiental para prevenir y superar estas situaciones.
En cuanto a su alegado derecho de Costa Rica de construir lo que desee en su territorio, se ilustró al Tribunal que debido a que la obra estaba ubicada en un áreas declarada como humedal y muy cerca de otro Estado, se estaba incumpliendo con la obligación de notificar a Nicaragua acerca de la misma, de conformidad a la Convención RAMSAR y al Convenio sobre Biodiversidad de Centroamérica.
Nicaragua también afirmó que las convenciones antes citadas establecen para Costa Rica la obligación de no causar daños a Nicaragua, sin embargo, en las exposiciones anteriores ha quedado demostrado el daño causado a la fecha por la construcción de la carretera.