La eliminación de la mora judicial, el mejoramiento de la imparcialidad, la facilitación del acceso a la justicia, la promoción de la seguridad jurídica, el desempeño administrativo y la coordinación interinstitucional, confirman el cumplimiento de las ambiciosas metas propuestas hace diez años por la Corte Suprema de Justicia.
Así lo afirmó la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, en el acto de presentación de la Memoria Institucional 2019-2021.
El acto se realizó en el Auditorio “Salón Azul Rubén Darío”, que también fue inaugurado en esta ocasión, por las autoridades de la Corte Suprema de Justicia.
Resumiendo el trabajo realizado por el Poder Judicial en el periodo 2019-2021, la doctora Ramos Vanegas acotó que “en estos años contribuimos desde el quehacer judicial con el desarrollo humano, la estabilidad, la seguridad y la paz social que impulsa el Gobierno del Presidente Daniel y la compañera Rosario, agradeciendo el apoyo para impulsar toda nuestra gestión”.
Recordó el escenario vivido en los años 2020 y 2021, intensamente marcados por la pandemia del Covid-19, cuando el gobierno, las instituciones y la sociedad nicaragüense “unimos nuestros esfuerzos para enfrentar la pandemia y seguir construyendo el futuro de paz y bien que todos anhelamos”.
Ante ese panorama, manifestó que el Poder Judicial tomó una serie de medidas de protección para continuar prestando el servicio de administración de justicia.
La doctora Ramos señaló que en el período 2019-2021 ingresaron 407,359 causas a los tribunales y juzgados de todo el país, de las cuales se resolvieron 394,856; incluyendo un porcentaje del acumulado de años anteriores, “caminando en medio de las dificultades de la pandemia, que logramos vencer con una vocación de cuidado preventivo”.
Mencionó que el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (CNACJ), aprobó un acuerdo en el año 2020 para implementar el Modelo de Gestión de Despachos Judiciales en la Corte Suprema y para ello se construyó un nuevo y moderno edificio contiguo a la sede de la Corte, donde se habilitaron los nuevos servicios para atención de ventanillas, recepción, entrega de documentos y evacuación de consultas en Ordice y atención al público.
De igual manera, se aprobaron cuatro acuerdos entre los años 2019-2020, en aras de garantizar el acceso a la justicia, relacionados a la atención integral, abordaje y valoración médico legal y actuación penal en delitos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes; y contra el acoso sexual y laboral en el Poder Judicial.
Destacó que las Salas de la Corte Suprema del año 2019-2021 resolvieron 6.632 asuntos sometidos a su jurisdicción: la Sala de lo Constitucional resolvió 1,316 Recursos de Amparo; la Sala de lo Civil resolvió 1,056 asuntos y 670 casos de Familia; la Sala de lo Penal dictó 3,048 sentencias y la Sala de lo Contencioso Administrativo 542.
La doctora Ramos Vanegas, recordó que el 20 de diciembre del año 2018 entró en vigencia la Ley número 983, Ley de Justicia Constitucional y con el apoyo técnico del Instituto de Altos Estudios Judiciales, el doctor Francisco Rosales Argüello (Q.E.P.D.), entonces magistrado presidente de la Sala de lo Constitucional, organizó e impulsó un proceso de capacitación dirigido a los principales actores y operadores de esta materia especializada.
Indicó que “el Poder Judicial sigue cumpliendo firmemente con la Política de Estado de Estrategia del Muro de Contención contra el narcotráfico, el lavado de activos y las diferentes expresiones de la criminalidad organizada nacional e internacional. Por eso, fue creada la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención”.
Destacó la construcción de 12 nuevos complejos judiciales departamentales y municipales, entre ellos, el de Carazo, El Rama, Siuna y Masatepe; el edificio del Nivel Central 2 de la CSJ y los nuevos registros públicos de Estelí, Matagalpa, Bluefields, Masaya y Granada; la remodelación de cinco y la ampliación de dos complejos judiciales, durante el período 2019-2021, a través de la División de Infraestructura de la Secretaría General Administrativa.
Solamente en la última década hemos construido, ampliado y remodelado más de 60 complejos judiciales departamentales y municipales, por todo lo largo y ancho del país, explicó.
Cambiamos por completo el rostro de la administración de justicia en Nicaragua, y con ello se contribuye a embellecer nuestras ciudades y pueblos, se dignifica la función judicial y del profesional del Derecho, brindando por primera vez en nuestra historia, un servicio de administración de justicia célere y cómodo, en un ambiente agradable, con calidad y calidez”, finalizó la magistrada presidenta.
Al acto asistieron magistrados de Tribunales de Apelaciones, secretarios de salas, secretario de la Corte y secretario general administrativo, juezas a nivel nacional, directores de órganos auxiliares, directores generales y específicos de este Suprema Tribunal.