A pesar de que ‘Donald’ y la CIA están en una buena racha en América Latina y América Central no han podido aplastar al líder sandinista, el presidente Daniel Ortega, según un artículo publicado por el ex alcalde de la ciudad de Londres Ken Livingstone.
El partido de izquierda (FSLN) de Ortega está superando las sanciones de los Estados Unidos y sigue liderando la opinión pública según importantes encuestas, cita el artículo publicado en inglés en el diario Morning Star.
Estados Unidos está renovando su ataque contra el gobierno electo de Nicaragua imponiendo aún más sanciones junto con un nuevo proyecto de la legislación del Congreso con el objetivo de garantizar el «cambio de gobierno».
Este impulso de sanciones contra Nicaragua se remonta a diciembre de 2018 cuando Trump promulgó la «Ley Nica» (Ley de Condicionalidad de Inversión de Nicaragua).
Esta fue promulgada más de dos años después de que el proyecto de ley fuera aprobado por primera vez por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en septiembre de 2016.
La Ley Nica es un intento de usar la presión económica para desestabilizar el gobierno y la economía del país.
Su objetivo principal era tratar de cortar a Nicaragua los préstamos y la asistencia financiera o técnica de las instituciones financieras multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Los poderes adicionales otorgados en virtud de la Ley Nica a Trump, como presidente, le permiten bloquear y prohibir las transacciones financieras y de otros activos, y negar o revocar visas para funcionarios del gobierno nicaragüense, ex funcionarios o personas que supuestamente «actúan en nombre del» gobierno en Managua.
Hasta la fecha más de 20 individuos y entidades nicaragüenses han sido objeto de ataques.
Cuando se aprobó la Ley Nica, los préstamos a Nicaragua eran de $250 millones anuales para inversiones en educación, programas sociales, electrificación, carreteras y otras iniciativas de infraestructura.
En la práctica, tanto el BID como el BCIE han continuado otorgando préstamos, incluido para proyectos de salud, tecnología e infraestructura a Nicaragua, mientras que los préstamos de ajuste estructural del FMI, que vienen con condiciones onerosas, ya no son necesarios (o de hecho deseados) por el país.
Pero una vez que los proyectos financiados por el Banco Mundial en trámite en 2018 se hayan desembolsado, el Banco no ha aprobado nuevos préstamos para proyectos nicaragüenses, a pesar del excelente historial de Nicaragua en la utilización de préstamos para la reducción de la pobreza y la infraestructura.
También existe la posibilidad, en este momento, de que el FMI pueda rechazar cualquier solicitud de un préstamo de emergencia (como lo han hecho con Venezuela) si la crisis del coronavirus golpeara fuertemente al país y se necesitara ese apoyo.
Desde 2007, el gobierno nicaragüense ha logrado una transformación notable en la sociedad nicaragüense, brindando beneficios a los más pobres y vulnerables de la sociedad y restaurando los derechos de los trabajadores y las familias nicaragüenses.
Por ejemplo, la pobreza se ha reducido a más de la mitad del 48,35% al 23% y la pobreza extrema se ha reducido del 17,2% al 6%. Se han construido dieciocho nuevos hospitales modernos y ya se están planificando alcanzar un total de 33 en los próximos cuatro años. Alrededor del 97 por ciento de los hogares tenían electricidad a fines de 2019 (en comparación con solo el 54 por ciento en 2007).
Incluso la producción de energía verde aumentó del 22% al 62%, con planes de aumentar la participación de la energía renovable al 86% para fines de 2020.
Nicaragua ha sido nombrada por la Red de Energía Renovable como uno de los diez países más importantes para iniciativas renovables.
Mientras tanto, la agencia de calificación financiera Fitch anunció en noviembre pasado que las perspectivas económicas para Nicaragua son estables y en clara recuperación.
Pero esto no ha disuadido a la administración Trump en su objetivo explícito de «cambio de gobierno» en Nicaragua y el apoyo a aquellos con los que puede contar para apoyar sus políticas en América Latina.
El día después del golpe militar en Bolivia, Trump dijo: “Estos eventos envían una fuerte señal a los regímenes ilegítimos en Venezuela y Nicaragua de que la democracia y la voluntad del pueblo siempre prevalecerán. Ahora estamos un paso más cerca de un Hemisferio Occidental completamente democrático, próspero y libre».
El 25 de noviembre de 2019 se produjo una declaración de la Casa Blanca que caracterizó a Nicaragua como «una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos», prolongando así por un año adicional una orden ejecutiva firmada por Trump en 2019 que declara un «estado de emergencia”en Nicaragua.
Animados por este apoyo de los Estados Unidos y sin duda envalentonados por el éxito del golpe de Estado respaldado por los Estados Unidos en Bolivia, los grupos de oposición nicaragüenses de derecha financiados por los Estados Unidos están nuevamente dispuestos a aumentar su actividad para promover el objetivo de Estados Unidos del cambio de gobierno.
Sin embargo, estos grupos son muy minoritarios.
En la última encuesta realizada por M&R Consultores con sede en Managua, el 78 por ciento de la población dice que la imposición de sanciones por parte de los Estados Unidos es una intervención en los asuntos internos de Nicaragua, y el 92 por ciento está de acuerdo en que las sanciones perjudican a todos los nicaragüenses.
Alrededor del 74 por ciento de los nicaragüenses desaprueba a quienes promueven sanciones, lo que incluso incluye a algunos de los grupos de oposición de derecha.
A pesar de los elevados sentimientos sobre los derechos económicos y políticos en Nicaragua expresados en el proyecto de ley del Congreso, la realidad es que la Ley Nica y el continuo enfoque de Trump en Nicaragua tienen poco que ver con la preocupación de los Estados Unidos por los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho.
La Ley y el nuevo proyecto de ley son simplemente herramientas para lograr la agenda de «cambio de gobierno» de la administración Trump. Esto no se limita a Nicaragua, sino que incluye a Cuba y Venezuela, a los que el ex asesor de seguridad nacional John Bolton llamó una «troika de tiranía».
Nicaragua no representa una amenaza para los Estados Unidos, aparte de la amenaza de un buen ejemplo.
Estados Unidos está en racha aquí, con Brasil nuevamente en manos de pro derechistas de extrema derecha después del golpe de 2016, el encarcelamiento de Lula y la victoria de Bolsonaro, y ahora con Evo Morales de Bolivia expulsado de su cargo por un golpe militar.
Pero es contra la ley internacional que la administración Trump decida quién debe ser el gobierno de cualquier otro país: el pueblo nicaragüense es quien decide qué tipo de gobierno debería tener.
Actualmente, Daniel Ortega y el partido FSLN están en camino de ganar las elecciones programadas para 2021, con una encuesta reciente de Gallup que informa un índice de aprobación del 58 por ciento para ellos.
Los logros sociales antes mencionados desde 2007 estarían en peligro si un régimen instalado por los EE. UU. tuviera éxito en Nicaragua, a juzgar por la experiencia histórica y actual en América Central y del Sur, donde se han instalado regímenes patrocinados por los EE. UU.
Todavía hay algunos puntos de vista divergentes en la izquierda internacional sobre los desarrollos recientes en Nicaragua, pero cualesquiera que sean los puntos de vista que se tengan, si usted cree que las sanciones adicionales de Trump, que dañarán la recuperación de Nicaragua y el nivel de vida de la gente común, son la respuesta, usted está preguntando la pregunta incorrecta.