Con el objetivo de prevenir contagios por Covid-19, la Corte Suprema de Justicia está implementando una serie de medidas y una campaña de sensibilización con todos los trabajadores y usuarios del Poder Judicial.
Entre las medidas está la distribución a nivel nacional, de alcohol gel, alcohol líquido, jabón, desinfectantes de superficie y piso, cloro, así como mascarillas y guantes, priorizando al personal que atiende al público.
Los guardas de seguridad ya están correctamente protegidos con guantes y mascarillas, y se están encargando de aplicar alcohol y desinfectante al personal y a usuarios que ingresen a las instalaciones del Poder Judicial.
El personal también le está dando constante limpieza a su área de trabajo, en especial en las oficinas donde hay mayor afluencia de usuarios.
Se está haciendo énfasis en las salas de audiencia donde el secretario y el gestor deben desinfectar la superficie y equipos a utilizar después de cada audiencia.
Al desplazarse por las diferentes áreas y durante su labor, el personal de servicios generales está usando mascarillas y guantes desechables, y aplicando desinfectantes sobre escritorios y barandas de apoyo.
Además se colocarán lavamanos y jabón líquido en las puertas de ingreso a la Corte Suprema de Justicia, complejos judiciales y áreas cercanas a los marcadores de asistencia, para promover el lavado de manos, al ingreso y salida de los recintos.
Al igual fumigarán los vehículos que ingresen a los complejos judiciales, y el uso de aires acondicionados queda limitado de 9:00 am a 12:00 pm, para luego ventilar los espacios, abriendo ventanales y puertas.
En las audiencias judiciales, en acto de juramentación de los testigos y cualquier otra actividad los usuarios deberán tener una separación de un metro de distancia entre cada uno.
La oficina de seguridad únicamente dejará ingresar a los complejos judiciales a apoderados judiciales, demandantes, demandados, acusados, victimas, testigos, peritos y operadores del sistema de justicia, debidamente justificados.
Asimismo, los presidentes o presidentas de los Tribunales de Apelaciones, realizarán las coordinaciones pertinentes con la Policía Nacional y Sistema Penitenciario, para evitar el envío de algún reo que presente síntomas de enfermedades respiratorias.