A finales del año 2024 iniciará la construcción del edificio de la Defensoría Pública y del nuevo Complejo Judicial Nejapa, que incluirá los juzgados laborales, la División de Antecedentes Penales y el Complejo Archivístico Nacional.
Así lo anunció el licenciado Berman Martínez Martínez, Secretario General Administrativo del Poder Judicial, al clausurar el Seminario “Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral impartido por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), a 20 funcionarios y trabajadores de la Defensoría Pública.
El Secretario General Administrativo del Poder Judicial dijo que “la Defensoría Pública necesita unas instalaciones que llenen las expectativas y sean idóneas no solamente en asuntos de recepción de causas y atención al público, sino también en cuanto al desempeño de los defensores.
El licenciado Martínez recordó que “los defensores púbicos cumplen una labor muy importante para el quehacer cotidiano de la administración de justicia, que calza dentro de la línea estratégica del acceso a la justicia dentro de los planes decenales que nosotros hemos desarrollado”.
El funcionario agregó que con el propósito de esa construcción ya se hizo el levantamiento topográfico y la parte del diseño. Lo más difícil es conseguir son los recursos, pero sabemos que con la voluntad de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional todo es posible, acotó.
“Vamos a trabajar en la construcción de este nuevo complejo para el bienestar de todos los funcionarios, principalmente de la Defensoría Pública, porque sabemos que ya es tiempo que tengan su edificio para un correcto desempeño”, afirmó.
Valoró que el servicio que presta la Defensoría Pública tiene un rol beligerante. “Este servicio de atención a las personas con menos recursos en nuestro país, está enmarcado dentro del Plan Nacional de Lucha Contra la Pobreza que impulsa nuestro buen gobierno”.
La misión de las y los defensores públicos es brindar asistencia legal, gratuita y de calidad a las y los usuarios del sistema de justicia que carezcan de recursos económicos, garantizándoles el respeto, la defensa de sus derechos y garantías consignados en la Constitución Política.