“Los principales logros en materia de atención integral para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, son: cero impunidad, el protagonismo de nuestra niñez y adolescencia y la no retardación de justicia”.
Así lo afirmó la doctora Fabiola Betancourt, jueza Primero de Distrito Especializado en Violencia, al abordar el tema del Protocolo de Atención Integral para la niñez y la adolescencia víctimas de violencia sexual, que la Corte Suprema de Justicia está impartiendo a jueces especializados de la materia.
“Estos protocolos lo que hacen es que todos trabajemos con una guía, para evitar que en juicio esa investigación no esté bien constituida con todos los elementos y se pueda sostener después con el resto de las pruebas”, acotó la doctora Betancourt.
A manera de antecedentes, dijo que desde el año 2007 nuestro gobierno como Estado tiene la voluntad de preservar y proteger el desarrollo integral de la niñez y adolescencia, teniendo como punto de partida nuestra Constitución que establece que el centro es la persona, la familia y la comunidad.
En ese sentido, enfatizó que el marco legislativo ha cambiado, tenemos leyes de avanzada, ya visibilizamos los delitos con la ley de ciberdelitos con un componente de niños, niñas y adolescentes víctimas de este tipo de situaciones.
Tenemos políticas de Estado, como la Ley 779 (Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer), que se aprobó en el año 2012 y entró en vigencia creando órganos especializados para garantizar el acceso a la justicia.
También está el Decreto 42-14, que es el Reglamento de la Ley 779; el Decreto 43-2014 que es el que habla de la protección a la familia.
Se han creado las Consejerías de Familia, las Consejerías de las Comunidades Educativas del Ministerio de Educación, las Escuelas de Valores, Escuelas para Padres. Este es el componente que se articula como la prevención.
Es decir, expresó, que se han desarrollado políticas en esa materia, no solamente en la parte de la sanción, que es la que le corresponde al Poder Judicial, sino también en la parte preventiva, involucrando a ocho actores para procurar evitar la impunidad y que la víctima reciba atención.
Agregó que esa ruta integral también involucra al Ministerio Público, Policía Nacional, Poder Judicial –que es responsable del enjuiciamiento y la restitución de esos derechos a través de la aplicación de la justicia–; el Instituto de Medicina Legal –que tiene su Clínica y su Protocolo de Atención de niñez y adolescencia-.
Destacó que también se crea la figura del defensor público especializado en atención de niñez y adolescencia, que tiene un papel preponderante, porque se puede presentar en el juicio como acusador, coadyuvando con el Ministerio Público o como representante; también ubica a estos niños y adolescentes en su casa, activando el mecanismo de buscar la protección reforzada especial para su debido acompañamiento.
Mencionó como principales principios que rigen este protocolo están el interés superior del niño, el derecho a participar y ser oído, la confidencialidad, la privacidad; el desarrollo progresivo y el principio de la debida diligencia del Estado, entre otros.