Los sacerdotes Nicola Bruno Corradi Soliman, Horacio Hugo Corbacho Blanck y el jardinero Armando Ramón Gómez Bravo, fueron condenados a 42, 45 y 18 años de cárcel, respectivamente, por la justicia Argentina.
El trío de violadores fueron condenados luego que se comprobara el abuso sexual en contra de más de 25 menores sordos en el Instituto Próvolo de la provincia de Mendoza, dependiente del Vaticano.
Los sacerdotes acusados fueron imputados por 25 hechos relacionados con abusos sexuales, y habían sido denunciados por diez personas. El juicio, que comenzó el 5 de agosto de este año, tuvo 49 jornadas previas a la sentencia y contó con 42 testigos.
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Nicola Bruno Corradi Soliman, de 83 años también implicado en casos de corrupción de menores en la ciudad de La Plata (Argentina) e Italia, ya cumplía prisión domiciliaria.
En tanto Horacio Hugo Corbacho Blanck, de 59 y el jardinero Armando Ramón Gómez Bravo de 49, estaban detenidos en el Complejo Penitenciario Boulogne Sur Mer de Mendoza, aguardando el veredicto.
Desde que se dio a conocer la primera denuncia, hace tres años, el caso Próvolo conmocionó a toda la provincia.
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De hecho, se trató de la investigación más importante contra una dependencia de la Iglesia en ese territorio argentino.
El rol de la Iglesia Católica en el caso
Tras hacerse público el escándalo del Próvolo, el Vaticano bajo la dirección del papa Francisco envió a dos curas para investigar los casos por su cuenta, de forma paralela a la Justicia argentina, una práctica habitual en la Iglesia ante esta clase de situaciones.
En la década de 1980, surgió una ola de denuncias de abuso sexual a menores por parte de los sacerdotes.
El Instituto Próvolo fue cerrado en noviembre de 2016 tras las denuncias de los abusos cometidos contra unos 230 niños y niñas, de las cuales sólo 20 declararon en la causa.
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Un reportaje del semanario italiano L’Espresso de 2009 incluye macabros testimonios de exalumnos del Próvolo que fueron forzados a actos de sodomía y tocamientos por parte de los sacerdotes.
Los problemas de comunicación les dificultaban denunciar los hechos. Las violaciones se dieron entre los años 50 y los 80 y se estima en al menos un centenar las víctimas.
En 2008, una madre de una víctima abusada por sacerdotes del Instituto Próvolo de La Plata radicó una denuncia ante la Justicia, causa que finalmente fue archivada.
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A lo largo de los 49 días que duró el juicio, uno de los testigos sostuvo ante los jueces del tribunal, que Gómez lo tocó en sus partes íntimas y afirmó que fue abusado sexualmente por una persona que quedó desligada del expediente al ser declarada inimputable.
El testigo, que fue alumno del establecimiento entre 1997 y 2008, también relató que otro alumno dormía los fines de semana en la habitación de Corradi, aunque no pudo precisar si fue abusado.
En segundo término prestó testimonio la pareja del testigo anterior, quien estuvo en el Próvolo entre los años 2006 y 2008, cuando fue expulsada.
Declaró que aunque ella no sufrió los abusos, aseguró que si tiene conocimiento que a su hermana le pegaban y también sospecha que era violada.
Sostuvo que dedujo esto por los cambios de comportamiento y humor, pero que también vio una vez una de sus prendas de ropa interior con rastros de semen.
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Además, declaró que su padre vio a un chico con los pantalones bajos y sangrando y dio testimonio del maltrato a que sometía la monja Kosaka Kumiko a los chicos y que una cocinera le pidió que no comente nada.
Por el Próvolo, escuela gratuita para niños sordos e hipoacúsicos dirigida por la Iglesia católica, pasaron cientos de alumnos, muchos de ellos provenientes de familias humildes y que regresaban a sus casas solo durante los fines de semana.
La religiosa de origen japonés identificaba a los golpes a los niños más sumisos, los que se quejaban menos para remitirlos a los curas, que luego abusaban sexualmente de ellos.
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Una vez consumada la violación, se encargaba de esconder las evidencias.
Los testimonios de las víctimas indican que Kumiko también participaba activamente de las vejaciones.
«Con sus golpes lograba entender el nivel de vulnerabilidad de los menores. Si el nivel de vulnerabilidad era muy alto, terminaban siendo sometidos sexualmente. Después hay testimonios de que ella participaba como cómplice», dijo el abogado Sergio Salinas.