Los bombardeos tailandeses sobre territorio camboyano dejaron un saldo de 11 civiles muertos y 59 heridos desde su reanudación el pasado 7 de diciembre, mientras 394,000 personas, incluidos casi 96,000 niños, huyen desde siete provincias fronterizas devastadas por la escalada militar más brutal en años.
El Ministerio del Interior de Camboya denunció este domingo la destrucción masiva de domicilios, pagodas, templos y carreteras, con servicios esenciales como colegios y centros médicos suspendidos, en medio de esfuerzos internacionales infructuosos para lograr un alto el fuego que Tailandia rechazó categóricamente ayer sábado.
El Ministerio de Defensa camboyano reportó no menos de cinco ataques aéreos en las últimas 12 horas, destacando uno especialmente atroz en la provincia de Banteay Meanchey donde el Ejército tailandés habría empleado «humo tóxico» contra población civil.
Tailandia no se ha pronunciado sobre esta grave acusación que, de confirmarse, constituiría uso de armas químicas prohibidas por convenciones internacionales.
Las 117,000 familias desplazadas en las provincias de Preah Vihear, Oddar Meanchey, Banteay Meanchey, Battambang, Pursat, Koh Kong y Siem Reap enfrentan ahora el drama adicional de posible contaminación tóxica en sus comunidades arrasadas.
Bloqueo petrolero en agenda
La Marina Real de Tailandia confirmó que presentará este lunes al Consejo de Seguridad Nacional una propuesta explosiva: declarar bloqueo marítimo total sobre Camboya para impedir la llegada de «petróleo y otros productos estratégicos».
El portavoz adjunto Nara Khunthodhom detalló que la medida contempla prohibir la entrada a todos los buques marítimos —cargueros, pesqueros, petroleros, «registrados localmente o en el extranjero, incluso si son propiedad de nacionales tailandeses».
La propuesta incluye declarar el área marítima alrededor de puertos camboyanos como zona de alto riesgo, movimiento que podría estrangular económicamente al país vecino si el consejo lo aprueba.
Tailandia rechaza mediación
Pese a negar el sábado el alto el fuego ofertado por Estados Unidos y la mediación de Malasia, Bangkok mantiene un discurso ambiguo. «Tailandia sigue adoptando un enfoque pacífico […] está dispuesta a cooperar con organizaciones internacionales independientes, incluida la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUR)», señala el Ejército tailandés en comunicado oficial.
Sin embargo, esta retórica choca frontalmente con la realidad sobre el terreno: pagodas destruidas, empresas privadas en escombros, oficinas administrativas bombardeadas y nueve militares tailandeses muertos según balance provisional de Bangkok, que admite más de 120 heridos por ataques camboyanos.
«Legítima defensa»
El Ejército tailandés insiste en que «actúa en el marco de su derecho a la legítima defensa de conformidad con el derecho Internacional, atacando únicamente objetivos militares».
Pero los datos camboyanos pintan otra realidad: destrucción o daños graves en «numerosos domicilios civiles», templos budistas reducidos a cenizas, carreteras inutilizadas y casi 96,000 niños arrancados de sus hogares.