La Procuraduría General de Justicia de Nicaragua anunció oficialmente la cancelación definitiva del contrato de Concesión de Explotación de Recursos Geotérmicos que operaba la empresa Momotombo Power Company (MPC) en la Planta Geotérmica Momotombo, ubicada en La Paz Centro, departamento de León.
La medida, que tiene efectos inmediatos, forma parte de las políticas estatales de transparencia, legalidad y lucha frontal contra la corrupción, según detalla la nota de prensa emitida el 14 de agosto de 2025.
Las investigaciones realizadas por la Policía Nacional en conjunto con la Procuraduría revelaron un complejo esquema de lavado de dinero. Según el comunicado, los acusados Álvaro Antonio Baltodano Cantarero, Álvaro Antonio Baltodano Monroy y otros implicados, habrían diseñado un sistema que involucraba aproximadamente «20 sociedades de papel» descritas como empresas de maletín: Sin activos ni presencia física significativa. Este entramado societario habría sido utilizado para lavar dinero proveniente de actividades delictivas de evasión fiscal contra la Hacienda Pública nicaragüense.
El Ministerio de Energía y Minas (MEM), como órgano rector del sector energético, confirmó tras sus propias indagaciones que la empresa Momotombo Power Company incumplió con las obligaciones contractuales de realizar inversiones que potenciaran la máxima operación del recurso geotérmico.
El acuerdo establecía que las mejoras debían permitir alcanzar un nivel de producción de energía entre 37 y 40 megavatios, meta que no se cumplió. Además, se verificó que la empresa tampoco ejecutó las obras acordadas en el contrato para dicho fin.
Las autoridades sostienen que las investigaciones policiales y del MEM revelaron que esta empresa «no solo traicionó la confianza del pueblo y el Estado de la República de Nicaragua, sino que se valió de un Recurso Estratégico de la Nación como plataforma para concretar los propósitos criminales» de los señores Baltodano. Estas acciones han sido calificadas por el gobierno como «una afrenta directa al Patrimonio Nacional, a la legalidad y al Pueblo de Nicaragua«.
El Estado nicaragüense reiteró su compromiso con la defensa del Patrimonio Nacional, la transparencia en la gestión pública y el fortalecimiento del Estado de Derecho. En el comunicado, asegura que el servicio energético continuará prestándose sin interrupciones y bajo una administración «lícita y responsable».
Además, advierte que no tolerará que «personas corruptas que valiéndose de estructuras societarias empresariales nacionales o extranjeras, se disfracen de inversión para encubrir delitos«, procediendo a la judicialización de todos los responsables, sean personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.
La Procuraduría finaliza su nota con una advertencia contundente: «REITERAMOS con absoluta claridad: Que en Nicaragua, quien utilice el sector energético o cualquier otro recurso del Pueblo Nicaragüense, para concretar propósitos delictivos, enfrentará el peso completo de la Ley«.
A continuación la nota de prensa íntegra:
