La reconocida actriz colombiana de la industria para adultos, Esperanza Gómez, decidió demandar a la empresa estadounidense Meta, casa matriz de la red social Instagram, por el cierre de su cuenta. El proceso, que inició en mayo del año 2021 y llegó hasta la Corte Constitucional de Colombia, ha generado un intenso debate sobre los límites de la moderación de contenidos y los derechos de los creadores en plataformas globales.
Esperanza Gómez Silva interpuso la demanda luego de que Instagram eliminara su cuenta, argumentando que la medida constituía un acto de censura y una violación a su derecho fundamental a la libertad de expresión. Gómez sostuvo que, como figura pública y profesional del entretenimiento para adultos, la publicación de imágenes sugerentes forma parte de su actividad laboral y que la decisión de Meta afectó su reputación y su sustento económico .
En su demanda, la actriz señaló que la eliminación de su perfil fue «una restricción injustificada a su capacidad de comunicarse y expresarse en línea«, y que la plataforma no ofreció mecanismos claros ni transparentes para apelar la decisión.
El caso puso sobre la mesa la responsabilidad de las redes sociales en la protección de los derechos de sus usuarios, especialmente de quienes trabajan en sectores estigmatizados como el entretenimiento para adultos .
Respaldo institucional
Aunque no existen registros de un respaldo explícito del gobierno nacional o de ministerios, la Corte Constitucional de Colombia —máxima instancia judicial en materia de derechos fundamentales— falló a favor de Esperanza Gómez. En su sentencia, la Corte determinó que Meta violó el derecho a la libertad de expresión de la actriz al cerrar su cuenta sin justificación suficiente y sin garantizar el debido proceso.
El alto tribunal ordenó a Meta revisar y modificar sus políticas de moderación de contenidos, especialmente en lo relativo al cierre arbitrario de cuentas de creadores de contenido para adultos.
Según la Corte, «la libertad de expresión debe ser protegida incluso en contextos de contenido sexualmente explícito, siempre que no se vulneren otras normas legales«, según informó el sitio El Espectador. Esta decisión judicial, aunque independiente del poder ejecutivo, representa un respaldo institucional de gran peso y sienta un precedente para casos similares en Colombia .
Reacciones y repercusiones
El fallo ha sido celebrado por organizaciones de derechos digitales y expertos legales, quienes consideran que «la sentencia de la Corte Constitucional es un hito para la protección de la libertad de expresión en el entorno digital y para el reconocimiento de los derechos de los trabajadores sexuales y creadores de contenido para adultos», según reseñó El Tiempo.
Diversos colectivos han advertido que la censura y la eliminación de cuentas afectan de manera desproporcionada a mujeres y minorías en la industria del entretenimiento para adultos .
Por su parte, la industria del entretenimiento para adultos ha destacado la importancia de que las plataformas digitales respeten la diversidad de expresiones y garanticen mecanismos de apelación justos y transparentes.
«Este caso demuestra la necesidad de que las redes sociales revisen sus políticas y eviten la discriminación sistemática contra los creadores de contenido para adultos«, señaló la Asociación Colombiana de Trabajadores Sexuales en declaraciones recogidas por Semana.
Respuesta de Meta
Meta, en línea con su estrategia global ante demandas similares, no ha emitido un pronunciamiento específico sobre el caso de Esperanza Gómez. Sin embargo, la compañía suele expresar su preferencia por el diálogo y la colaboración con reguladores, y recalca que sus políticas buscan «proteger la seguridad y el bienestar de la comunidad«.
En otros litigios, Meta ha manifestado su desacuerdo con la vía judicial y ha defendido la necesidad de estándares claros y colaborativos para la moderación de contenidos .
El caso de Esperanza Gómez se inscribe en una tendencia global de litigios contra grandes plataformas tecnológicas por supuesta censura y discriminación.
La decisión de la Corte Constitucional colombiana podría sentar un precedente relevante en América Latina, al establecer límites a la discrecionalidad de las redes sociales y reconocer el derecho de los creadores de contenido para adultos a expresarse y trabajar en entornos digitales.