Asamblea Nacional de Nicaragua aprueba reformas constitucionales de la Policía y el Poder Judicial

Los diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron, en la primera sesión ordinaria del año, dos reformas constitucionales importantes que forman parte de un paquete de cambios presentados por los legisladores.

Reforma al Artículo 97: Fortalecimiento de la Policía Nacional

La reforma al Artículo 97 de la Carta Magna modifica la base constitucional de la Policía Nacional, permitiéndole combatir más eficientemente a los grupos organizados para cometer delitos en el territorio nicaragüense.

«Con base en el deber del Estado de proteger a las personas dentro del territorio nacional, esta iniciativa busca adecuar y reformar la base constitucional que rige el actuar de la Policía Nacional frente a las nuevas modalidades del crimen organizado», explicó Loria Raquel Dixon, primera secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.

Reforma al Artículo 165: Cambios en los Registros Públicos y el Poder Judicial

La Ley de Reforma al Artículo 165, presentada inicialmente por 76 diputados y aprobada con 91 votos en la segunda legislatura, desvincula a los Registros Públicos de la administración de Justicia, una función previamente atribuida al Poder Judicial.

Esta reforma incluye la derogación del numeral 4 y la modificación de los numerales 5 y 6, relacionados con las atribuciones del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial.

«Con esta reforma, se nombra a médicos forenses y secretarios de actuación conforme a la ley, y se instruye y resuelve denuncias por faltas disciplinarias leves, graves y muy graves de estos profesionales, imponiendo las sanciones correspondientes», detalló Alejandro Mejía Ferretti, tercer secretario de la Junta Directiva.

Estas reformas representan un paso significativo en la evolución del marco legal nicaragüense, buscando adaptarse a los desafíos actuales en seguridad y administración de justicia.

Con estos cambios, la Asamblea Nacional refuerza la capacidad de la Policía Nacional para enfrentar el crimen organizado y ajusta el funcionamiento de los Registros Públicos y el Poder Judicial para una mayor eficiencia y adecuación a las necesidades actuales del país.