Hace 37 años, el 27 de junio 1986 la Corte Internacional de Justicia condenó Estados Unidos por motivo de la sangrienta guerra terrorista del presidente Ronald Reagan contra el pueblo de Nicaragua.
Hablando de la sentencia en 2019, nuestro Comandante Daniel observó: «Falló la Corte a favor del Pueblo de Nicaragua, y eso no lo podemos olvidar, Hermanos nicaragüenses, eso debemos tenerlo presente siempre, que la Justicia ha estado de nuestra parte y la Justicia sigue estando de parte del Pueblo nicaragüense, de parte de las Familias nicaragüenses».
Desde el momento de su emisión, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia ha tenido una importancia preeminente en el derecho internacional.
El Doctor Carlos Argüello, representante de Nicaragua en La Haya, comentó en una entrevista hace cinco años esta semana «si usted va a cualquier Universidad en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en cualquier lado, y la Universidad habla del Derecho Internacional Público, y uno de los textos principales es precisamente esta Sentencia. Así que es un asunto histórico desde todo sentido de la palabra».
El compañero Dan Kovalik, destacado especialista estadounidense en el derecho internacional, comenta que «Esa decisión de la CIJ se considera una de las más importantes del derecho internacional porque enunció los siguientes principios del derecho internacional consuetudinario que los juristas aún aplican en la actualidad: 1. que la guerra de agresión es ilegal; 2. que el derecho de una nación a la autodefensa solo se desencadena por un ataque armado real; 3. que no hay derecho a la intervención ideológica o humanitaria; y 4. que un Estado no puede legalmente apoyar insurrecciones armadas contra otro Estado soberano».
Aunque los veredictos de la Corte son vinculantes para los estados miembros de la ONU, Estados Unidos nunca acató la sentencia en su contra.
Todavía queda pendiente saldar la indemnización ordenado por la Corte, que fue de US$17 mil millones en aquel momento.
Aunque es cierto que, después de la sentencia, el Congreso estadounidense no quiso aprobar más financiamiento para la guerra contra Nicaragua, el gobierno del presidente Reagan rechazó la sentencia tajantemente.
De manera encubierta, seguía promoviendo su brutal, asesina guerra terrorista contra el pueblo nicaragüense, incluso por medio del financiamiento criminal, ligado al narcotráfico, expuesto durante el escándalo Iran-Contra.
Las secuelas de la sentencia del 27 de junio 1986 demostraron la absoluta mala fe de la clase gobernante de Estados Unidos, su descarado rechazo del los principios fundamentales del derecho internacional y su violación de las normas fundacionales de la ONU de que es un estado miembro.
De hecho, la decisión de la Corte a favor de Nicaragua vindicó la estrategia diplomática-jurídica del gobierno del presidente Comandante Daniel, ejecutado de manera decisiva y brillante por nuestro Canciller de la Dignidad, el Padre Miguel d’Escoto Brockmann y su equipo.
La sentencia de la Corte se emitió en momentos cruciales del desarrollo de los procesos regionales por la Paz en Nicaragua y la región centroamericana.
Forzó a los países de la región reconocer la buena fe y autoridad moral de una Nicaragua comprometida con la Paz regional.
En el caso de Honduras y Costa Rica, sus gobiernos no pudieron negar su complicidad en la monstruosa agresión criminal de los Estados Unidos contra Nicaragua.
Un gran obstáculo al proceso de Paz en Centroamérica promovido por el grupo de Contadora había sido que el gobierno del presidente Reagan no quería reconocer la legitimidad del gobierno electo del Frente Sandinista y su presidente Comandante Daniel.
La emisión de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia facilitó una vigorosa ofensiva diplomática nicaragüense para eliminar ese obstáculo.
Se logró una importante resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas que exigió a Estados Unidos cumplir con la decisión de la Corte.
La condena de la Corte también permitió a los principales gobiernos europeos cuestionar de manera abierta la criminal política estadounidense contra Nicaragua.
El nuevo contexto, resultado de la sentencia de la Corte, facilitó un reconocimiento completo y firme a nivel internacional de la justicia de la defensa de la soberanía nacional de parte de Nicaragua.
Este reconocimiento fue de suma importancia a nivel regional, entre los ocho gobiernos del proceso Contadora, Colombia, México, Panamá y Venezuela, apoyados por Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, además de los gobiernos centroamericanos.
Y esto facilitó la firma por los cinco presidentes centroamericanos en agosto 1987 de los acuerdos de Esquipulas II, lo cual en su turno hizo posible el avance hacia la Paz, paso por paso, en Nicaragua, El Salvador y finalmente en Guatemala.
Sin la sentencia de la Corte Internacional de la Justicia del 27 de junio 1986, es dudoso si habría sido posible concretar los acuerdos de Esquipulas II para poder abrir nuevos espacios de encuentro y entendimiento en la región.
El grotesco incumplimiento de parte de Estados Unidos de la sentencia de la Corte, aparte de ser un repugnante desafío al derecho internacional, resaltó la incapacidad del sistema de las Naciones Unidas de cumplir con los principios de su propia Carta.
El primer artículo de la Carta estipula que el propósito de la ONU es “Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la Paz”.
Pero aun con la condena de la Corte, órgano supremo del sistema del derecho internacional, complementado por una resolución de la Asamblea General de la ONU exigiendo que Estados Unidos acata la sentencia, el gobierno de Ronald Reagan simplemente actuó de una manera que profundizó su rechazo del veredicto.
Esta absurda contradicción moral e institucional de la ONU subyace prácticamente todas las crisis internacionales que se han desarrollado desde ese momento.
Estados Unidos se burla del derecho internacional apelando al espurio invento de “una orden basada en reglas” reveladas exclusivamente a Estados Unidos y sus aliados. Cuando Estados Unidos y sus aliados no pueden manipular el sistema de la ONU para lograr sus objetivos imperialistas, sencillamente lo ignoran.
Desde el bombardeo de Serbia en 1999 y la guerra contra Irak en 2003, hasta la destrucción de Libia, y el golpe de estado en Costa Marfil en 2011, o la ocupación continua del territorio de Siria y el robo de su petróleo y trigo o el cínico apoyo a Ucrania para masacrar a su población rusoparlante durante más de ocho años, Estados Unidos y sus aliados en efecto han quitado la razón de ser de las Naciones Unidas.
En medio del fallido intento de golpe de 2018, en el entonces aniversario de la sentencia del 27 de junio 1986, el Dr. Carlos Argüello comentó “Tal vez ahora están usando el término “encubierto” un poco más literalmente y están haciendo las cosas de otra manera; pero francamente es triste porque, es decir, lo que pareciera que ya era una cuestión, una página del Pasado, se está abriendo de nuevo… Esto que está sucediendo es una violación del Derecho Internacional, de los Derechos de Nicaragua”.
Aun así, por haber defendido su soberanía y dignidad nacional, es Nicaragua que ha quedado acusado, de la manera más perversa, en el sistema de las Naciones Unidas.
La experiencia de Nicaragua después la sentencia de la Corte Internacional de Justicia permite concluir claramente que un elemento clave para la resolución de conflictos regionales es eliminar de esos proceso regionales el riesgo de contagio de parte de la cultura imperialista y militarista de Estados Unidos y sus aliados.
Estados Unidos quiso sabotear los acuerdos de Esquipulas de la misma manera que hizo sobre Ucrania en relación a los Acuerdos de Minsk de 2014 y 2015 o el Plan de Acción Integral Conjunto con Irán sobre el desarrollo de su programa nuclear.
De igual manera, los gobiernos de la OTAN presionaron a Ucrania a rechazar el acuerdo de paz con Rusia acordado en marzo 2022.
Estas repetidas violaciones de sus obligaciones y compromisos internacionales confirman una y otra vez la necesidad de una reforma radical de las Naciones Unidas para hacer cumplir su mandato original y promover de manera genuina una verdadera cultura de la Paz.
Siendo presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Padre Miguel d’Escoto notó en 2009, “El egoísmo y la codicia no se pueden corregir. Deben ser reemplazados por la solidaridad, que obviamente implica un cambio radical. Si lo que realmente queremos es una Paz estable y duradera, debe quedar absolutamente claro que debemos ir más allá de los controles y correcciones del modelo existente para crear algo que se esfuerce hacia un nuevo paradigma de convivencia social.”
Y como nuestro Presidente Comandante Daniel ha insistido “…lo hemos venido repitiendo desde hace años. Naciones Unidas tiene que ser totalmente remodelada, reconvertida, refundada… Tiene que refundarse, así lo decía el Padre D´Escoto cuando fue Presidente de la Asamblea de Naciones Unidas. Tiene que ser refundada y llevó la Bandera de Nicaragua allá, planteando la refundación de Naciones Unidas, la refundación de todos los instrumentos de Naciones Unidas, la refundación de esos instrumentos también regionales que están totalmente desacreditados, decrépitos y desgastados».