Para América Latina y el Caribe, en 2024 persisten dos permanentes realidades fundamentales. Por un lado, sigue la implacable lucha de clases entre las avaricias élites regionales y las mayorías empobrecidas determinadas de reivindicar su derecho a la vida digna que merecen. Por otro lado, Estados Unidos y sus aliados persisten en sus políticas neocoloniales para asegurar su acceso y control privilegiado de los recursos naturales y estratégicos de la región y, especialmente, para frenar la creciente presencia e influencia regional de la República Popular China.
Estas realidades plantean a las respectivas sociedades de cada país el reto de valorar las oportunidades socio-económicas y elegir entre sus opciones. Pueden tomar la opción de una economía productiva al estilo de la República Popular China con financiamiento e inversión público, planificación centralizada, con ambiciosas políticas de salud y educación pública, de desarrollo tecnológico y del medio ambiente, todas enfocadas en el desarrollo de la persona humana. Opuesto a esta opción de desarrollo humano socialista se pone el modelo del zombi neoliberalismo represivo al estilo estadounidense que prioriza las ganancias empresariales y explota los recursos y la riqueza del patrimonio nacional en beneficio de las élites y los intereses extranjeros.
En 2024, las poblaciones de los países de América Latina y el Caribe y sus gobiernos se encuentran entre las crisis y oportunidades generadas por esta realidad fundamental durante la última década. Luego de asumir el nuevo Presidente Bernardo Arévalo en Guatemala ahora en enero, habrán seis elecciones presidenciales en la región en 2024 y unas importantes elecciones locales en Brasil. En América Central, se espera la re-elección de Najib Bukele en febrero en El Salvador y en mayo se supone que gane quien gane en las elecciones en Panamá o en República Dominicana habrá poco cambio en la política exterior de estos dos países.
Las elecciones más importantes para la región en el primer semestre del año serán las elecciones en México a inicios de junio, donde se espera una contienda entre Claudia Sheinbaum del partido gobernante Morena y Xóchitl Gálvez de la derechista coalición Fuerza y Corazón. Allí está en juego si o no sera posible seguir con el proyecto de Andres Manuel López Obrador de una cuarta transformación en un país con grandes desequilibrios sociales y económicos. México, como Argentina ahora, ha rechazado unirse a los países BRICS+ porque AMLO aboga por mayor integración regional con Estados Unidos a la vez que México mantiene una gran intercambio comercial con China.
En el segundo semestre habrán elecciones en Uruguay en octubre, donde parece probable que el progresista Frente Amplio volverá al gobierno, lo cual reforzara al gobierno de Lula da Silva en Brasil contra la influencia en Mercosur de las élites fascistas que gobiernan Argentina y Paraguay. Pero aparte de las elecciones de junio en México, las más importantes elecciones del año serán las de Venezuela hacia el fin del año, donde se espera que el Presidente Nicolás Maduro buscará le re-elección. Allí, la oposición entra al proceso electoral desprestigiada por ser asociada con la fracasada figura de Juan Guaidó y el despilfarro del patrimonio nacional que Guaidó facilitó para sus amos estadounidenses.
Aunque algunos corrientes de la oposición venezolana lograron recuperar cierta medida de legitimidad por medio de las negociaciones en Barbados sobre el proceso electoral, es dudoso que van a poder unificarse con suficiente fuerza para lograr un resultado significativo en las elecciones. Además, los resultados del reciente referendum sobre el territorio del Esequibo demostró la incuestionable autoridad del gobierno del presidente Maduro, que ha logrado superar progresivamente las secuelas de la medidas coercitivas aplicadas por Estados Unidos y sus aliados. A pesar de todas las dificultades, el gobierno ha mantenido altos niveles de gasto social, diversificado la economía de manera muy eficaz, rescatado la capacidad productiva de su sector petrolero y normalizado sus relaciones comerciales y diplomáticas con Colombia.
Mientras se esperan pocos cambios en las relaciones regionales como resultado de las elecciones en 2024, lo demás de la región demuestra las contradicciones que resultan del fracaso del neoliberalismo para poder responder a las aspiraciones y necesidades de las mayorías. En Brasil, el presidente Lula da Silva ha restablecido el liderazgo regional de su país a nivel internacional, pero no ha podido avanzar cómo quería en su agenda doméstica. Con solo 222 escaños del total de 513 en el Congreso Nacional, los partidos que apoyan el gobierno no pueden hacer avanzar su programa legislativo porque los partidos de la derecha lo impiden.
El principal negativo legado del gobierno anterior de Jair Bolsanaro fue la caída en la pobreza de millones de familias brasileñas. En un contexto macro económico mejor que lo previsto, con 3% de crecimiento del PIB y una baja a 4% de la inflación, el gobierno de Lula ha logrado la aprobación de una importante reforma tributaria, mejorado el salario mínimo y avanzado con un programa de viviendas para la población de bajos ingresos. Pero no ha podido reforzar otros importantes programas de la reducción de la pobreza. Posiblemente, los resultados de las elecciones locales de junio de este año permitirá mayor espacio de maniobra política doméstica. En política exterior Brasil seguirá siendo una influencia positiva hacia la democratización de las relaciones internacionales.
En Colombia, el PIB ha tenido un crecimiento mediocre en 2023 de 1.2% con una proyección para 2024 de solamente 1.8%. El nivel de inflación es relativamente alta que implica que las tasas de interés bancarias también van a seguir relativamente altas. Sin embargo, al fin de 2023 el presidente Gustavo Petro decretó que la educación universitaria va a ser gratis y también se anunció un aumento de 12% en el salario mínimo para 2024, un poco por encima de la tasa de inflación en 2023. El contexto político ofrece oportunidades para llevar a cabo el programa progresista del gobierno, principalmente en relación a la salud pública y el proceso de paz. S ha avanzado el diálogo con las diversas fuerzas y estructuras armadas del país en un proceso de Paz que es fundamental para garantizar la seguridad ciudadana y el desarrollo económico.
En Bolivia, el contexto político se ha marcado por la ruptura entre el ex-Presidente Evo Morales y la administración del presidente Luis Arce. Las fuerzas de derecha aprovechan esta división para intensificar su oposición al gobierno, por ejemplo alrededor del tema del próximo censo nacional en marzo de este año. El PIB del país ha caído de alrededor de 5% en 2021 a un poco más de 2% el año pasado. Se ha avanzado en la industrialización de la producción de litio, la diversificación de la matriz energética y se espera muy positivos beneficios de ser ahora miembro pleno de Mercosur. Pero la economía está siendo impactado por las secuelas del fenómeno climático el Niño, un declive en la exportación de gas e incertidumbre sobre la estabilidad del valor de la moneda nacional.
En Argentina, la decisión del presidente Javier Milei de rechazar unirse al grupo de los ahora diez países de Brics+ significa que Argentina ha tomado el rumbo en beneficio de las élites hacia el subdesarrollo y la dependencia externa. Queda a ver si se va a repetir acontecimientos similares a los del llamado “Corralito” de hace veinte años cuando el colapso económico solamente se acabó con el primer gobierno de Nestor Kirchner. Es muy probable que la crisis y caos por venir en Argentina tendrá un impacto sobre la credibilidad de la fuerzas de la derecha en otros países de la región en el futuro.
Para mientras, en Argentina, se puede esperar mayor empobrecimiento de la población, brutal represión de los movimientos sociales, mayor persecución de los Mapuches y mayor abuso del sistema judicial para atacar a figuras políticas como Cristina Fernández de Kirchner. Queda a ver hasta que punto los gobiernos provinciales opositores al gobierno pueden contrarrestar las secuelas de las políticas extremistas de la casta élite, de que el presidente Milei es sencillamente la cara. Habría que ver también hasta qué punto Milei y sus compinches serán capaces de impulsar su agenda legislativa en un Congreso Nacional donde sus partidos enfrentan una mayoría de diputados independientes y opositores en la Cámara de Diputados y en el Senado.
En Chile aunque el pronóstico es de un modesto 2% de crecimiento en el PIB para 2024, el gobierno de Gabriel Boric está estancado con una economía que tuvo crecimiento negativo en 2023 y un nivel de desempleo relativamente alto. El gobierno no ha podido dar respuestas a varios temas fundamentales en el país, por ejemplo, la reforma del sistema de pensiones, reformas en la educación, una resolución duradera del los reclamos del pueblo Mapuche y una reforma del la fascista fuerza policial del carabinieri. Boric no dio el liderazgo necesario para lograr una reforma consensuada de la constitución del General Pinochet y parece que su gobierno va a seguir siendo efectivamente un rehén impotente de la derecha política del país.
Ecuador sigue en una crisis con múltiples aspectos, la persistente inestabilidad política, el estancamiento económico y los altos niveles de violencia e inseguridad ciudadana. Las provincias más afectadas por la violencia son Esmeraldas y Guayas, que contiene Guayaquil, la ciudad y puerto más grande del país. Se calcula que en 2022 la cifra de asesinatos alcanzó 47 por cada 100,000 habitantes. El PIB en 2023 fue de alrededor de 1.5% con una proyección de menos de 1% para 2024. Al Presidente Daniel Noboa le queda poco de su período de gobierno para enfrentar estas múltiples crisis ya que asumió la presidencia luego de las elecciones provocadas por la renuncia de Guillermo Lasso el día después del inicio de un juicio contra su persona en la Asamblea Nacional por corrupción.
Perú ha completado siete años desde 2016 en que el país ha tenido seis presidencias. La pobreza en Perú afecta a alrededor de 27% de la población, una cifra mayor que hace diez años. En 2023 se espera prácticamente cero crecimiento del PIB, en gran parte por la falta de inversión en el contexto de la asesina represión de la policía y el ejército contra las movilizaciones populares en rechazo del golpe de Estado contra Pedro Castillo. A pesar de una votación en el Congreso Nacional para adelantar a abril 2024 las elecciones generales programas para 2026, no se ha concretado esa propuesta y seguirá en el poder el gobierno de facto de Dina Boluarte en contubernio con las fuerzas más reaccionarias del país.
Para el Caribe 2024 será un año importante para mayor integración económica de la región ya que se ha decidido implementar la libertad de movimiento de las personas para los 13 países de la Comunidad de la Economía y Mercado Único. Otro retos importante para CARICOM será su papel en la búsqueda de una resolución duradera de la crisis política en Haití. Para Cuba, se espera que la serie de visitas internacionales el año pasado por el presidente Miguel Díaz-Canel resultará en mayor cooperación solidaria e inversión económica de parte de sus contrapartes internacionales para mejorar su capacidad de resistir y superar las secuelas del genocida bloqueo estadounidense que ha durado más de sesenta años y es más intensa ahora que nunca.
En este complejo contexto regional, Nicaragua ha demostrado la incuestionable fortaleza de su modelo político y económico. Se espera un crecimiento de PIB de hasta 5% para 2023 con perspectivas también muy por encima del promedio regional en 2024. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con China, aparte de ofrecer nuevas oportunidades para las exportaciones nicaragüenses también proteja la economía del país de una posible intensificación de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos y sus aliados. En el mismo sentido, Nicaragua mantiene relaciones de respeto y solidaridad con prácticamente todos los países del mundo mayoritario, incluso con todos los países del grupo Brics+.
Aparte de los gobiernos aliados de Estados Unidos, todos los gobiernos del mundo mayoritario reconocen que Nicaragua ha desarrollado un exitoso modelo socio-económico con un enfoque decidido en la reducción de la pobreza y el desarrollo humano de su población. Como explicó nuestro Comandante Daniel en el contexto de la respuesta de nuestro Buen Gobierno al fenómeno Bonnie en 2022, «El Estado nicaragüense no es más que una institución al servicio del Pueblo, con una conciencia, con un espíritu revolucionario, es decir, con ese compromiso de Práctica Cristiana, Práctica Socialista y Práctica Solidaria».