El exministro y exmagistrado Celso Gamboa Sánchez se encuentra en el centro de uno de los escándalos judiciales más sonados de los últimos años en Costa Rica. Arrestado en junio de 2025 por presunto tráfico internacional de drogas, Gamboa enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos, donde podría recibir una condena de entre 10 años y cadena perpetua.
Uno de los aspectos que ha llamado más la atención es que su defensa legal está siendo llevada por su hermana, una defensora judicial con experiencia. Ella ha asumido la representación tanto ante las autoridades costarricenses como ante las estadounidenses, en un movimiento que ha generado debate en el país.
Según informes judiciales, el equipo legal se enfocará en garantizar los derechos procesales de Gamboa, especialmente ante la presión mediática y política que rodea el caso. Además, se espera que cuestionen la legalidad de las pruebas presentadas por la fiscalía de EE.UU., argumentando posibles irregularidades en la investigación.
Otro punto clave es el estado de salud del acusado. Su defensa ha solicitado evaluaciones médicas, alegando que las condiciones de su detención podrían afectar su bienestar. Paralelamente, buscarán reforzar su imagen pública, recordando su trayectoria anterior y subrayando el principio de presunción de inocencia.
El caso ha generado divisiones. Por un lado, algunos ven en la defensa familiar una muestra de lealtad y confianza. Por otro, expertos consultados por medios como Monumental y Teletica advierten sobre posibles conflictos emocionales y éticos al mezclar lazos sanguíneos con estrategias legales.
Mientras tanto, el proceso de extradición sigue avanzando bajo estrecha vigilancia. Las autoridades estadounidenses insisten en la gravedad de los cargos, mientras en Costa Rica se discute el impacto que este caso tendrá en el sistema judicial y en cómo se manejan las acusaciones contra figuras públicas.