Nicaragua, valiente país centroamericano, este año, junto al resto de las naciones de la región, cumple doscientos años de vida independiente. Asimismo, en noviembre, llevará a cabo votaciones generales. Reflexionaremos sobre ambos acontecimientos de la vida social y política de este país.
Empecemos diciendo que esto serían dos eventos a desarrollarse con naturalidad en lo que refiere a sus celebraciones histórico-políticas, el primero, y cívico-democráticas, el segundo, si no fuese por la recurrente y deplorable intromisión extranjera en sus asuntos internos.
En lo que concierne a su independencia, los países de América Latina, en particular los que han consolidado procesos progresistas y/o revolucionarios de transformación, entre los que se cuenta Nicaragua, consideran que la independencia alcanzada en el siglo XIX, fue nominal. Para ellos, es esencial y perentorio obtener un nuevo estadio, en la madurez de su soberanía y autodeterminación. De ahí que se hable de una Segunda independencia.
Profundizar en su soberanía implica dejar de ser, lo más que se pueda, dependientes en diversas esferas: económica, financiera, productiva, cultural, tecnológica, científica y epistemológica. Es esencial aclarar que la pobreza, la dependencia y la desigualdad de estos países, tiene su origen en un proceso que comenzó con la constitución del capitalismo colonial eurocéntrico como un patrón de poder y desposesión; es decir, ha sido inducida.
En América Latina ha funcionado muy bien, a favor del entramado imperial colonial, lo que David Harvey llama la acumulación por desposesión. Se trata de un proceso de transferencia de riquezas desde este continente hacia los países dominantes, encabezados en el último siglo por Estados Unidos y sus aliados subordinados. No obstante, pese a la imposición de ese sistema, bien por la fuerza, “seductoramente” o por medio del engaño, estos países siempre han estado en la búsqueda de esa ansiada segunda independencia.
Ahí se encuentra el cruce con el otro acontecimiento nicaragüense: Las elecciones de noviembre. En primer lugar, hay que decirlo con todo el peso de la verdad: los procesos electorales democráticos, garantistas, libres, transparentes y legales, los instauró en Nicaragua el Sandinismo en 1984. Esas elecciones marcaron la ruta.
Desde este momento se estableció el Consejo Supremo Electoral, como un poder del Estado solvente, autónomo y cuyas leyes, permitieron hacer transparentes y auditables las elecciones. Luego vinieron las votaciones de 1990, en las que, Estados Unidos financió a la oposición contrarrevolucionaria y, aun siendo un golpe para la Revolución, el Sandinismo, con plena entereza y madurez democrática entregó el poder. Esto marcó un nuevo hito.
A partir de ahí, las elecciones siguieron siendo la forma para elegir gobiernos. En algunas de estas elecciones los partidos de derecha que asumieron el gobierno se vieron envueltas en graves irregularidades. Sin embargo, como quienes “ganaban” eran fieles aliados de Washington, los resultados se aceptaban sin el más mínimo cuestionamiento. Otro asunto que debemos destacar es que, en esta época, el pueblo nicaragüense acudía a las urnas condicionado, pues portavoces estadounidenses hacían campaña libremente criminalizando al Sandinismo. La guerra era una de las amenazas más utilizadas para provocar miedo en la población nicaragüense que tenía reciente en la memoria la guerra contrarrevolucionaria que se había cobrado más de 50, 000 muertos, promovida y financiada por los Estados Unidos.
Nada más despreciable para intimidar a una población: recurrir a campañas sustentadas en amenazar con el horror de la guerra. Esto lo hacían los representantes estadounidense (Colín Powell, fue uno de ellos) en connivencia con sus aliados internos, entre los que se encontraba la familia Chamorro y resto de castas oligárquicas.
En noviembre del 2006, el pueblo de Nicaragua pierde el miedo, y ante tantos desmanes de 16 años de gobiernos neoliberales, votó mayoritariamente al Sandinismo. Nuevamente se marca un hito, pues, continúan las elecciones, como proceso institucional establecido por el Sandinismo, fortaleciendo la Democracia en el país centroamericano. Así, por medio de los votos en el 2006, se consigue cambiar un sistema neoliberal que había desmantelado el Estado, desprotegido a la ciudadanía y convertido a Nicaragua en un país dependiente que, incluso, había visto reducido notablemente su nivel de soberanía.
En el 2007, el Sandinismo, por la vía electoral, mediante el proceso democrático iniciado en 1984, vuelve al gobierno. Cambia el sistema neoliberal multiplicador de desigualdades que había destrozado los derechos humanos de la ciudadanía, por un modelo de justicia social en el que la meta será erradicar la pobreza y las desigualdades, asegurar los derechos humanos del pueblo, dar continuidad a la Revolución, fortalecer la Democracia, recuperar la soberanía y, por lo tanto, intensificar la búsqueda de su segunda independencia.
El modelo Sandinista empieza a brindar resultados en todos los órdenes: económicos, sociales, políticos, culturales, y productivos, así como las garantías en cuanto al respeto de los derechos humanos, la seguridad y la protección a la población, entre tantos otros. Todos estos logros verificados y reconocidos por organismos internacionales.
El gobierno sandinista logra así consolidarse, arraigarse una vez más en todos los segmentos y generaciones de nicaragüenses y ganar abrumadoramente las sucesivas elecciones. Consigue hacer de Nicaragua una Democracia consolidada. Asimismo, el Consejo Supremo Electoral, como ente autónomo, se convierte en un referente internacional de las instituciones electorales competentes.
Ahora bien, hay que destacar que desde ese preciso momento, los Estados Unidos, por medio de sus embajadores, primero Paul Trivelli, después Robert Callahan, y sus sucesores, a quienes Percy Alvarado califica de expertos en guerra sucia, junto con actores locales, empiezan a tratar de desestabilizar el país, a atacar desde dentro al Sandinismo y a procurar, cada vez que se acercaban elecciones, condicionar el resultado electoral.
En este sentido, Estados Unidos, al igual que hizo con Venezuela o Bolivia, ha intentado convertir las elecciones en Nicaragua en un momento propicio para agredirla.
Mediante esta estratagema el entramado imperial que incluye a la Unión Europea, ha pretendido socavar la Democracia nicaragüense, intentado entorpecer la consolidación de su proceso libre y soberano y desde luego, ha intentado por todos los medios, frenar el avance de un modelo propio, que, por medio de políticas bien diseñadas y aplicadas, ha salvaguardado y ampliado los Derechos del pueblo nicaragüense, y con ello, ha elevado su umbral de soberanía. Nada de esto es del agrado del entramado imperial.
Situándonos en la actualidad, el país centroamericano se prepara legal, legítima e institucionalmente, conforme lo establece su constitución, para efectuar elecciones en noviembre. La alianza imperial colonial y todos sus resortes que incluyen a la clase política, los medios de comunicación, las instituciones, los organismos internacionales, las ONGs y otros, no ha vacilado en agredirlo de todas las formas posibles.
Este infausto sistema imperial vuelve a poner en el punto de mira a Nicaragua, lo hace tratando de restarle validez a su Democracia y a una de sus expresiones vitales como son las elecciones. De esta forma, ha financiado a la llamada Fundación Chamorro que se ha ocupado de tejer una red y ha orquestado una ofensiva en las redes sociales. Comenzaron a organizar una campaña para desprestigiar al Sandinismo difamándolo y, por si no fuera suficiente, solicitando pública y mediáticamente, desde sanciones hasta una nueva intervención militar estadounidense en el país centroamericano.
En este sentido, las autoridades legítimamente constituidas se adelantaron y la Fiscalía General, en posesión de pruebas irrefutables de la trama, ordenó la detención de los principales involucrados que ahora alegan -para engañar a los ingenuos- ser “precandidatos presidenciales”. Falso. Basta con decir que no se han abierto las inscripciones de candidatos presidenciales previstas en el calendario electoral aprobado por los partidos políticos constituidos para los meses de julio y agosto.
Todo esto es sobradamente conocido, se trata de un procedimiento habitual mediante el que se crea la figura del “opositor” y se le presenta como una víctima para deslegitimar el proceso y sobre esa base no reconocer las elecciones. Lo más significativo es que el imperio se autoproclama fiscal, juez y juzgado, dicta sentencia y exige su cumplimiento, todo ello al margen de cualquier norma jurídica del derecho internacional.
La arremetida ha consistido en amenazas, coacciones, sanciones contra la Nicaragua Sandinista de parte del gobierno de Estados Unidos y sus seguidores europeos. Descalifican al Estado nicaragüense y sus instituciones por llevar a los tribunales, con todas las garantías constitucionales que sus leyes establecen, a quienes han atentado, no sólo en contra de la soberanía, sino en contra de la paz y estabilidad del país.
Obviamente, una vez más los Estados Unidos y sus seguidores, se equivocan. Están chocando no solo con el espíritu de resistencia, sino con la legitimidad y la ratificación del pueblo nicaragüense que no dudará en votar mayoritariamente por el Sandinismo, asegurando con ello la consolidación de la Democracia, y refrendando las transformaciones desarrolladas por medio de un modelo garantista, de justicia social y, desde luego, resguardando las elecciones como uno de los hitos democráticos más trascendente instaurados por la Revolución Sandinista en la historia de Nicaragua.