Un mínimo y anómalo documento colonial de 1803 – que tuvo vigencia formal durante escasos 3 años y que nunca tuvo consecuencias prácticas – ha servido hasta hoy para que Colombia dispute a Nicaragua islas y cayos que, por geografía y por historia son parte del territorio centroamericano y más específicamente, del territorio nicaragüense, pues se encuentran claramente ubicados frente a nuestras costas. En litigio están también los límites de la plataforma marina – riquísima en pesca y minerales – en la que se encuentran estas islas y cayos.
La Cancillería nicaragüense está decidida a llevar la disputa territorial a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, mientras el gobierno colombiano refuerza su presencia militar en la extensa zona en disputa y ha reiterado en recientes declaraciones del nuevo Presidente su “derecho” a estos territorios. “Quiero dejar el problema resuelto al terminar mi mandato”, ha declarado la Presidenta Chamorro, mientras técnicos y juristas van preparando el camino para que la resolución sea favorable a Nicaragua.
La historia de este diferendo es larga y refleja rasgos característicos de la geopolítica latinoamericana en este siglo XX. A continuación, algunos datos necesarios para situar mejor los orígenes y razones del litigio entre Nicaragua y Colombia.
Todo comenzó a finales del siglo XVIII
Lo primero que hay que tener en cuenta es que éste no es un diferendo limítrofe, geográfico. Colombia no tiene fronteras con Nicaragua. Dista más de 2 mil kilómetros de la Costa Atlántica nicaragüense y entre Colombia y Nicaragua se interponen Costa Rica y Panamá. Hace falta auxiliarse de la historia para entender la controversia.
A finales del siglo XVIII, la Corona española – en posesión por conquista y colonia de extensos territorios en América – nombró a Tomás O’Neille Gobernador de la isla de San Andrés, en la Costa de Mosquitos, frente a Nicaragua. Buscaba así hacer valer la autoridad de España frente a Inglaterra, que se había ido adueñando, desde hacía más de un siglo, de las costas atlánticas centroamericanas. Los ingleses quedaron oficialmente confinados en Belice. Sin embargo, durante casi todo el siglo XIX, la Costa de Mosquitos siguió, de facto, bajo dominio inglés. Las islas de San Andrés, Santa Catalina y Vieja Providencia habían seguido los avatares de toda la Costa Atlántica centroamericana y nunca fueron realmente ocupadas por España. Por su situación geográfica, sirvieron como centro de operaciones a aventureros y a contrabandistas. Desde 1631 vivían en estas islas decenas de familias inglesas.
El recién nombrado Gobernador O’Neille era ambicioso y aspiraba a mayores cargos, a mejores sueldos y a extensas tierras que trabajaran sus esclavos negros. Decidió dar el primer paso en esta dirección. Apoyado por los contrabandistas ingleses que vivían en San Andrés y por el Virrey de Santa Fe (territorio hoy colombiano, bajo el dominio español) escribió secretamente a Madrid exponiendo una situación patética en la isla de San Andrés y pidiendo que ésta pasara a ser “dependiente en todos sus ramos” del Virreynato de Santa Fe. La carta fue remitida sin consultar con el Capitán General de Guatemala (autoridad española con dominio sobre los territorios centroamericanos, incluída San Andrés). En respuesta, el Rey de España accedió y expidió una Real Orden el 30 de noviembre de 1803.
Doce líneas causaron el conflicto
La Real Orden es una docena de líneas en las que el monarca español establece que “las islas de San Andrés y la parte de la Costa de Mosquitos, desde el cabo Gracias a Dios inclusive hacia el río Chagres, queden segregadas de la Capitanía General de Guatemala y dependientes del Virreynato de Santa Fe”. Esto es todo. Esta es la base del litigio.
Enterado, el Capitán General de Guatemala protestó enérgicamente la decisión, manifestando que “siempre los establecimientos de Mosquitos han dependido de esta Capitanía General”. Solicitaba que las cosas volvieran a su estado anterior. Las razones del Capitán General fueron escuchadas y la Real Orden de 1803 quedó derogada por Real Orden de 1806.
La Real Orden de 1803 tenía en su formalidad un carácter eminentemente militar. Su objetivo era defender las costas de la isla de ataques de corsarios y piratas. Siendo todas las provincias territorio español, la Corona encargaba a las plazas navales más fuertes (Yucatán, La Habana o Cartagena) la vigilancia de otros territorios. Y aunque la palabra “segregación” usada en la Real Orden puede llevar a error, éste se aclara al saber que no fue seguida de ninguna otra disposición que indicara otro alcance que el militar y que, en la práctica, nunca fue aplicada.
De hecho, el Virreynato de Santa Fe (Colombia) no hizo acto alguno para proteger la Costa de Mosquitos. La presencia inglesa se mantuvo en la Costa mosquita y la isla de San Andrés cayó en manos inglesas el 26 de marzo de 1806. Sin disparar un tiro, O’Neille se rindió, después de que su tropa huyera en desbandada. La ocupación de la isla por los ingleses no motivó ninguna acción del Virreynato (Colombia).
Territorios en abandono
En esta situación de abandono estaban estos territorios cuando estallaron en México y Sudamérica las guerras de independencia contra el dominio español. Incidentes de aquellos años demuestran que Simón Bolívar y su gobierno no consideraron las islas como parte del territorio continental que estaban liberando de España.
La correspondencia de todos los años de pre-independencia entre Guatemala, Madrid y Santa Fe (Colombia) demuestra que la Costa de Mosquitos y sus islas adyacentes continuaron bajo la jurisdicción de Guatemala. La Real Orden de 1803 no fue vuelta a mencionar por nadie.
La independencia centroamericana, en 1821, encontró las islas en el mismo abandono, ocupadas entonces por un corsario que decía luchar bajo las banderas de Buenos Aires y de Chile.
Colombia no reclamó ningún derecho sobre territorio centroamericano hasta después de que, por un azar, alguien descubrió en junio-julio de 1824, entre los papeles del Virreinato de Santa Fe, la olvidada Real Orden de 1803. Y empezó el litigio. La disolución de la Federación Centroamericana en 1838 hizo que la controversia se bifurcara. Costa Rica, como único país fronterizo con Colombia – Panamá fue parte de Colombia hasta 1904 – heredó la parte fundamental del litigio, en tanto que Nicaragua, con la ocupación de la Mosquitia por Inglaterra, vio complicarse extremadamente su situación.
Siglo XIX: Pretensiones y esfuerzos de Colombia
Durante todo el siglo XIX, con protestas simbólicas y periódicas, Colombia pretendió que Inglaterra reconociera sus reclamos sobre la Costa de Mosquitos, pretensión que fue rechazada siempre y categóricamente por el gobierno inglés. Por otra parte, Colombia ocupó las islas de San Andrés y Providencia, amparada en la Real Orden de 1803, y mantuvo permanentes controversias y negociaciones con Costa Rica.
Mientras, Nicaragua trabajaba infatigablemente para recuperar la Mosquitia. Sus esfuerzos fructificaron poco a poco. En 1860, Inglaterra reconoció que la Costa formaba parte de Nicaragua y en 1881, un Laudo del emperador de Austria confirmó ese derecho. Durante todo este siglo y durante todas estas negociaciones, ningún país tomó en serio los pretendidos derechos de Colombia.
Dos hechos notables suceden a inicios del siglo XX. En 1900, el Presidente de Francia, Emile Loubet – designado árbitro en el conflicto Colombia-Costa Rica -, falló a favor de Costa Rica, negando validez a la Real Orden de 1803 y dejando a Colombia sin argumentos jurídicos con que fundamentar sus pretensiones sobre la costa caribe centroamericana.
El otro acontecimiento es la firma, en 1905, del tratado Altamirano-Harrison, por el cual Inglaterra reconoció formalmente la soberanía de Nicaragua sobre su Mosquitia. Las perspectivas eran inmejorables para que el diferendo con Colombia se solucionara a favor de Nicaragua. Pero, cautivo y desarmado jurídicamente, el gobierno de Colombia recurrió a dos artificios. Pidió al árbitro Loubet que declarara que las islas de San Andrés eran algo separado y distinto de la Mosquitia y que, por lo mismo, eran colombianas. Lo consiguió. Por otro lado, “dividió” artificialmente la Costa de Mosquitos, “adjudicándose” la zona correspondiente al territorio de Nicaragua.
Esta permanente estrategia colombiana de deformar los hechos llevó al historiador Manuel María de Peralta a afirmar: “Colombia se ha impuesto la odiosa tarea de echar por tierra la historia y la legislación de España en América con mira de apropiarse o de hacerse adjudicar un territorio que no le ha pertenecido NUNCA, y se ve obligada por la necesidad de su causa a echar mano del error o de las negligencias de un amanuense y a hacerse escribir historias y geografías muy dignas del padre Periquet”.
Entra en juego el gobierno de Estados Unidos
Mientras todo esto ocurría, el gobierno norteamericano, en base a una llamada Ley del Guano (18 agosto 1856), que le autorizaba a ocupar islas, rocas o cayos que no estuvieran bajo la jurisdicción de otro Estado, había declarado propiedad de los Estados Unidos los cayos y bancos próximos a Nicaragua. Bajo esta Ley del Guano (guano=excremento de gaviotas y otras aves marinas, muy rentable en el siglo XIX como fertilizante), Estados Unidos se apoderó del cayo Serrana en 1869 y en 1871, de los cayos Quitasueño y Roncador.
En su expansionismo imperial, Estados Unidos “olvidaba” que en el continente americano no había “tierras de nadie” y que todos los territorios que habían estado bajo el dominio de España pertenecían a los Estados ribereños, como sucesores. La Ley del Guano y la decisión estadounidense tendrían consecuencias nefastas para Nicaragua.
La decisión del árbitro Loubet, en favor primero de Costa Rica y después de Colombia, quedó en el papel y no fue ejecutada. Los acontecimientos políticos se precipitaron. En 1903, el territorio de Panamá fue arrancado del de Colombia por los Estados Unidos, que “fabricaron” así una república independiente para construir en ella el canal interoceánico. Colombia dejó de tener relación geográfica con Centroamérica y Panamá quedó como sucesor del diferendo. La nueva nación y Costa Rica replantearon la cuestión limítrofe, sometida a nuevo arbitraje en 1910. El Laudo del árbitro norteamericano Edward White confirmó en lo fundamental el Laudo Loubet.
Después de varios incidentes, la controversia entre Costa Rica y Panamá fue resuelta y Panamá jamás reclamó derecho alguno sobre la Costa de Mosquitos. Colombia, en cambio, desde una posición jurídicamente insostenible, continuó reclamando la Mosquitia nicaragüense, olvidándose de la costarricense y reteniendo las islas.
¡Estando de por medio dos naciones independientes, una de ellas Panamá – sucesora de los derechos de Costa Rica -y dos laudos arbitrales, Colombia seguía pretendiendo derechos sobre territorio nicaragüense!
Nicaragua intervenida por Estados Unidos
Nicaragua fue ocupada militar y políticamente por Estados Unidos en 1924. Fue entonces que el gobierno de Colombia inició una nueva vía: inició arreglos secretos con el de Estados Unidos para que éste obligara a Nicaragua a renunciar a sus derechos. Los norteamericanos no sólo querían mejorar sus relaciones con Colombia, gravemente deterioradas con la separación de Panamá. Tenían también intereses económicos. El Secretario del Tesoro norteamericano, el multimillonario Mellon, estaba urgido de que Colombia renovara la llamada concesión Barco – para exploraciones petrolíferas – y otros acuerdos pendientes sobre pesca y navegación entre ambos países. De Nicaragua, convertida en simple protectorado, no tenía Mellon nada que esperar.
La postrada Nicaragua de 1925 solicitó a Estados Unidos sus buenos oficios para someter a arbitraje el diferendo con Colombia. La respuesta del Departamento de Estado planteaba la única solución “equitativa”: para Nicaragua la Costa de Mosquitos y para Colombia, el archipiélago de San Andrés.
El caso permaneció estancado hasta que en 1928 Estados Unidos impuso a Nicaragua la suscripción de un acuerdo – negociado de previo con Colombia – que recogía totalmente la propuesta colombiana. La ocupada Nicaragua no pudo hacer nada para oponerse al diktak del imperio, que violaba su Constitución y sus derechos. La firma del mal llamado Tratado – conocido como Bárcenas Meneses -. Esguerra por sus firmantes -, nacido en circunstancias infames e impuesto por la fuerza de la ocupación extranjera, tuvo lugar el 24 de marzo de 1928, siendo Presidente el `contador jefe’ Adolfo Díaz.
El “tratado” tenía sólo dos artículos: Colombia reconocía la soberanía de Nicaragua sobre la Costa de Mosquitos y Nicaragua reconocía la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés y Providencia y sobre todas las demás islas, islotes y cayos del Archipiélago de San Andrés. Los cayos Roncador, Quitasueño y Serrana se excluían de la disputa y quedaban en litigio entre Colombia y Estados Unidos.
Resistencia de Nicaragua al Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra
La resistencia a este Tratado en Nicaragua fue tal que Estados Unidos no logró su ratificación hasta dos años después, el 6 de marzo de 1930, después de coaccionar vivamente a José María Moncada, premiado con la Presidencia del país en el pacto del Espino Negro. El gobierno estadounidenses amenazó y presionó al gobierno y al Congreso nicaragüenses y los debates parlamentarios fueron apasionados, estando presente en ellos en todo momento la idea de que se trataba de un despojo. Mientras, la soberanía nacional era defendida en las montañas, donde el General Sandino y sus hombres enfrentaban a los marines.
Mapa
Paralelamente a sus negociaciones sobre cómo arrancar a Nicaragua el archipiélago de San Andrés, Colombia y Estados Unidos negociaron la situación de los cayos y bancos de Roncador, Serrana y Quitasueño. Por un acuerdo conocido como Olaya-Kellog, alcanzado en intercambio de notas y concluido el 10 de abril de 1928, las cosas quedaron como estaban: Estados Unidos se quedaba con los cayos. El despojo a Nicaragua era completo.
Durante la dictadura somocista, crece la geofagia colombiana
Durante la dictadura somocista – que coincide con el desarrollo de nuevas instituciones de Derecho del Mar, particularmente el derecho de las naciones con costas sobre sus aguas adyacentes y sobre la plataforma continental -, Nicaragua reclamó insistentemente sus derechos sobre los cayos y bancos de Roncador, Serrana y Quitasueño y sobre toda su plataforma continental.
No satisfecha con lo obtenido en 1928, Colombia continuó expandiendo sus pretensiones sobre las áreas marinas y submarinas de Nicaragua. El siguiente paso – sostenido únicamente por vetustos buques de guerra – fue tomar la declaración anexada por el Congreso nicaragüense en 1930 al ratificar el “tratado” de 1928, en el sentido de que el meridiano 82 constituía la frontera marítima entre ambos países. Así, impuso de forma unilateral una frontera marítima a Nicaragua, privándola de casi toda su plataforma continental y de su mar adyacente.
Como consecuencia de la geofagia colombiana, se multiplicaron los incidentes entre pesqueros nicaragüenses y naves de guerra colombianas en las áreas en disputa. Esto fue generando entre los nicaragüenses un sentimiento de resentimiento hacia Colombia, que amparaba con la fuerza su orfandad de derechos.
En 1969 se produjo el más fuerte incidente diplomático entre Colombia y Nicaragua, después de que el gobierno nicaragüense estuvo otorgando concesiones de exploración petrolera más allá del meridiano 82 – en 1964 a la Union Oil, en 1966 a la Mobil Oil, en 1965 a la Shell y en 1967 a la Chevron -.
Colombia: Política expansionista
Dentro de su política expansionista, Colombia suscribió con Estados Unidos el 8 de septiembre de 1972 un nuevo tratado, conocido como Saccio-Vázquez Carrizosa. Por él, Estados Unidos cedía y traspasaba la soberanía de los cayos y bancos de Roncador, Serrana y Quitasueño a Colombia, poniendo fin de esa manera a lo acordado en las notas Olaya-Kellog. El tratado de 1972 provocó una vehemente reacción en Nicaragua, que de inmediato expresó su firme oposición. La reacción del gobierno colombiano fue arrogante: una comisión oficial, presidida por el Ministro de Defensa, visitó los cayos, haciendo gala del “poderío” naval colombiano. En respuesta, un grupo de periodistas nicaragüenses visitó Quitasueño e izó allí la bandera nacional.
El tratado fue un golpe político a la dictadura somocista, fiel representante de los intereses de Estados Unidos en Nicaragua. A través del fuerte lobby que tenía en el Congreso norteamericano, Somoza logró evitar que el Senado estadounidense ratificara el tratado. En esta situación encontró el litigio la revolución sandinista.
En los últimos meses de 1979 se abrió paso en la Cancillería de Nicaragua la preocupación por la defensa de los intereses territoriales del país y la voluntad de poner fin a 70 años de abandono y corruptelas, que amenazaban con hacer mayores las pérdidas territoriales de Nicaragua. Como primer paso, se decidió atajar el expansionismo colombiano en el mar Caribe, que amenazaba con privar a Nicaragua de extensas zonas de sus mares y de su plataforma marina.
Política territorial del gobierno revolucionario
La primera manifestación de la política territorial del gobierno revolucionario fue la promulgación, el 19 de diciembre de 1979, de una Ley sobre Plataforma Continental y Mar Adyacente, que establecía una zona de 200 millas náuticas “de soberanía y jurisdicción” y proclamaba el dominio nacional, exclusivo y excluyente, sobre la plataforma continental y los recursos marinos. Hasta aquel momento, Nicaragua mantenía sólo una “zona pesquera” de 200 millas náuticas.
Entre octubre y noviembre de 1979 se iniciaron en la Cancillería nicaragüense los estudios sobre la legalidad del “tratado” de 1928. Por vez primera desde 1909, Nicaragua tenía un gobierno verdaderamente nacional, no sujeto a los dictados ni a los intereses de Estados Unidos, y esto le permitía desarrollar una política activa de defensa de los derechos del país. No había interés en provocar una crisis con Colombia, pero menos interés había en mantener una situación injusta, consecuencia de 70 años de intervención de los Estados Unidos en Nicaragua. Teníamos conciencia de que se estaba en una oportunidad histórica y que no podía desaprovecharse.
La Cancillería presentó su propuesta a la Junta de Gobierno en noviembre: Nicaragua debía realizar un acto positivo para rescatar sus derechos sobre las islas de San Andrés y Providencia, así como para fortalecer sus derechos a la totalidad de sus áreas marinas y submarinas, particularmente en relación a los cayos y bancos de Roncador, Serrana y Quitasueño. El “tratado” de 1928 era nulo e inválido, por vicios insubsanables en su raíz – inconstitucional, impuesto por la fuerza, violatorio de tratados – y la Junta debía declararlo así. Se llevaron a cabo decenas de reuniones, explicativas, aclarativas, informativas. Alguno llegó a hacer la inevitable pregunta: “¿para qué tanta agua?” La respuesta era obvia: para defender la soberanía territorial y los enormes recursos que contenían esos espacios marítimos e insulares. Finalmente, hubo acuerdo general sobre la propuesta de declarar la nulidad e invalidez del “tratado” de 1928.
No había actuado mal el gobierno colombiano de Turbay Ayala en relación a la revolución sandinista. El 16 de junio de 1979, en Cartagena, el Pacto Andino había reconocido al FSLN como “fuerza beligerante”. Después, había establecido muy pronto relaciones con la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Eran gestos notables, teniendo en cuenta la tradición de los gobiernos colombianos de desarrollar una política exterior de bajo perfil y a la sombra de la política norteamericana.
Libro Blanco: Las razones de Nicaragua
El gobierno revolucionario elaboró un Libro Blanco, donde se explicaban las razones de Nicaragua. La decisión no era fácil. No había ningún deseo de que el acto de reivindicación de un territorio histórico, geográfica y jurídicamente nicaragüense, se interpretara como un gratuito gesto de animadversión o como pretexto para crear una crisis artificial, aunque era obvio que Colombia no aplaudiría.
El 4 de febrero de 1980, en solemne acto celebrado en la Casa de Gobierno y ante el Gabinete y el cuerpo diplomático, la Junta de Gobierno en pleno – Daniel Ortega, Sergio Ramírez, Violeta Barrios de Chamorro, Moisés Hassan y Alfonso Robelo – presentaron la Declaración sobre las islas de San Andrés y Providencia y territorios circundantes. En ella, requerían la devolución a Nicaragua de esos territorios, que le pertenecían por inobjetables títulos jurídicos, históricos y geográficos, y declaraban la “nulidad e invalidez” del “tratado” de 1928.
Esta declaración constituyó la primera acción internacional del nuevo gobierno revolucionario en defensa de los intereses nacionales. Provocó también la primera crisis de política exterior. Colombia reaccionó duramente, rechazando de inmediato la declaración nicaragüense, reafirmando sus derechos y llamando a Bogotá a su embajador en Managua. Los medios de prensa colombianos se llenaron de artículos sobre el tema, señalando que tras la declaración de Nicaragua estaba una “conjura comunista” con Cuba. En diciembre de 1980, el gobierno de Colombia publicó su propio Libro Blanco, en respuesta al de Nicaragua, que no agregaba argumentos nuevos.
El gobierno colombiano, conocedor de la creciente desconfianza norteamericana hacia la revolución sandinista, se plegó más que nunca a Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los principales críticos de la revolución nicaragüense y en firme aliado de la política exterior norteamericana. A cambio, los norteamericanos reconocían sus pretensiones sobre Roncador, Quitasueño y Serrana. El gobierno de Turbay Ayala criticó acervamente al FMLN-FDR y apoyó al gobierno de Duarte en El Salvador, atacó la declaración conjunta franco-mexicana de reconocimiento al FMLN como “fuerza política representativa”, envió fuerzas armadas al Sinaí – único país, además de Fiji que lo hizo – y con Chile fue la única nación latinoamericana que no apoyó a Argentina en el Conflicto por las Malvinas. El 23 de marzo de 1981 cortó sus relaciones con Cuba.
La llegada de Reagan al poder
El gobierno de Ronald Reagan significó el fin de cualquier posible convivencia entre Estados Unidos y Nicaragua. El antisandinismo de Reagan lo llevó a ratificar en 1981, a petición del gobierno de Colombia, el tratado Saccio-Vázquez Carrizosa de 1972, “cediendo” Estados Unidos a Colombia los cayos de Quitasueño, Roncador y Serrana. Más que un reconocimiento a los derechos de Colombia, el acto era un castigo a la política nacional e independiente del gobierno sandinista. El ex-Ministro de Relaciones Exteriores y firmante del tratado, Alfredo Vázquez Carrizosa, comentó: “Si Nicaragua se comporta amistosamente, será necesario aplazar la aprobación. Si mal, la puerta está abierta para refrendarlo”.
Las relaciones entre Nicaragua y Colombia mejoraron ostensiblemente con la Presidencia de Belisario Betancur en 1982. Un tanto sorpresivamente, Betancur decidió rescatar a Colombia de su sumisión a Estados Unidos y sacarla de su aislamiento en el entorno latinoamericano. Dos pasos ilustran esta nueva etapa: el ingreso de Colombia en el Movimiento de Países No Alineados y su decisión de involucrarse en los esfuerzos por encontrar una solución pacífica a la crisis centroamericana, nucleados en torno al Grupo de Contadora. Como lo cortés no quita lo valiente, se mantuvo la controversia territorial y el gobierno de Colombia protestó en dos ocasiones – en 1984 y 1985 – por acciones en las que Nicaragua reivindicaba sus derechos en el archipiélago de San Andrés y en los cayos caribeños, pero la protesta no trascendió de intercambios diplomáticos para cubrir formalidades.
El último año de la presidencia de Betancur se enrarecieron las relaciones y en los últimos días de su mandato, el 2 de agosto de 1986, el gobierno de Colombia suscribió con el de Honduras un tratado limítrofe, repartiéndose ambos países casi todo el territorio marítimo de Nicaragua en el Caribe, acuerdo coherente con el permanente expansionismo colombiano en aguas caribeñas. En lo que afecta a Centroamérica, Colombia tiene suscritos tratados de este tipo con Panamá (en vigor desde noviembre/77) y con Costa Rica (firmado en marzo/77, pero sin entrar en vigor por la negativa del Congreso costarricense a ratificarlo).
El Congreso colombiano ratificó el tratado con Honduras en octubre/86 con la única oposición de la Unión Patriótica.
No sucedieron más sobresaltos en los años posteriores. Cada país quedó en su posición y en Nicaragua, la guerra acabó desplazando las cuestiones territoriales a un segundo plano. En 1990, el cambio de gobierno no significó un cambio de actitud ni en Colombia ni en Nicaragua. Después de ciertas vacilaciones iniciales, el gobierno de Violeta Chamorro mantuvo la política territorial trazada por el sandinismo, considerando nulos e inválidos todos los “tratados” fabricados por Colombia en estos 60 años para despojar a los nicaragüenses de nuestros territorios. Para Nicaragua, no hay otra política posible.