El evento también conmemorará un años más del derrocamiento del presidente João Goulart en 1964, quien nacionalizó las refinerías de petroleras del país, puso fin a la evasión de capitales; además de promover una reforma agraria.
Se espera la participación del fundador del Partido de los Trabajadores (PT), el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
De acuerdo con los organizadores de la movilización, no existe evidencia que involucre a la mandataria en escándalos de la administración pública; por lo que rechazan el juicio política que intenta implementarse contra Rousseff.
A su vez, la manifestación hará público su descontento con la ley antiterrorismo enviada al Congreso recientemente, cuyo objetivo principal es criminalizar las protestas sociales en contra de los ataques al Gobierno de la mandataria.
Por su parte, el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) hizo un llamado a todas las fuerzas democráticas del país a sumarse a la convocatoria, para defender los derechos de la clase obrera y por las políticas sociales conquistadas por el PT.
«La movilización contra el golpe debe mantenerse en las calles, en las redes sociales, universidades e instituciones», expresa un fragmento del comunicado del PCdoB, que intenta promover la creación de un Frente Parlamentario Mixto en Defensa de la Democracia.
En ese sentido, insisten en que dependerá de los legisladores brasileños que el país continúe por el rumbo democrático o sea víctima de un golpe de Estado y sus consecuencias negativas para la sociedad.
Durante la jornada del miércoles un colectivo de artistas, directores y trabajadores audiovisuales se concentraron en Sao Paulo (suroeste) para rechazar las pretensiones golpistas y desestabilizadoras de la derecha.
De igual forma, representantes de universidad federales se congregaron en Río de Janeiro para defender los principios democráticos de la nación, que consideran se encuentran actualmente en riesgo.
El Congreso y la derecha de Brasil pusieron en marcha un plan para difamar al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y desprestigiar los logros alcanzados en beneficio del pueblo, mediante intentos de enjuiciar a la jefa de Estado por el caso de corrupción en la estatal Petrobras.
Por ahora, el Congreso evalúa destituirla y en caso de que la acusación a Rousseff proceda, estiman separarla por 180 días de sus funciones mientras investigan.
El exmandataio Luiz Inácio Lula da Silva, por su parte, también es investigado por el caso. El pasado 4 de marzo fue detenido de manera arbitraria por unos 200 efectivos de la Policía Federal de Brasil que allanaron su casa.