En la primera secretaría de la Asamblea Nacional fue recibida una “presentación de la introducción” de la Ley de Seguridad Soberana enviada por el Presidente comandante Daniel Ortega Saavedra el pasado 12 de octubre del presente año.
El coordinador de la bancada del Frente Sandinista, compañero Edwin Castro, dijo que esta misiva enviada por el ejecutivo aclara las especulaciones que se han vertido en contra de esta iniciativa de ley que garantiza la seguridad y protección de las familias en todos niveles de la vida humana.
La iniciativa de Ley de Seguridad Soberana es más incluyente porque va en defensa de cada ciudadano y se enmarca en la garantía de la seguridad alimentaria, agropecuaria, ambiental, interna y externa, es decir la seguridad de las personas, la familia, la comunidad y la nación.
“Es la existencia de paz y unidad permanente, dando tranquilidad y estabilidad a los nicaragüenses en su vida, en el trabajo, la salud, la educación, en la superación de la pobreza y la extrema pobreza y en la promoción del desarrollo humano sostenible, materializado en las responsabilidades compartidas en el modelo de diálogo, alianza y consenso”, expresó el comandante Daniel en el escrito enviado al parlamento.
La nueva ley mandata la integración de otras instituciones como Defensa Civil, el Sistema Nacional de Prevención y Mitigación de Desastres (SINAPRED), y otros ministerios que tienen competencia con la seguridad alimentaria y nutricional, y se mantienen las instituciones que están integradas en la Ley 750.
La presentación de ley establece que los delitos que atentan con la seguridad soberana son el ingreso y expansión de organizaciones criminales, ataques externos de seguridad cibernética, hechos de catástrofes o desastres naturales y cualquier otro acto que atente contra el desarrollo integral de las personas.
Esta iniciativa de Ley de Seguridad Soberana va sustituir a la ley 750 Ley de Seguridad Democrática que existe actualmente en el país.
La próxima semana la iniciativa de Ley de Seguridad Soberana será enviada a la Comisión de Justicia, la que se encargará de realizar las consultas correspondientes para luego ser aprobada en plenario.
