El Ministerio Público de Nicaragua, ante la circulación de noticias falsas en redes sociales, presentó una actualización importante sobre el caso «Puerta de la Montaña«, un asunto de gran relevancia para la seguridad y estabilidad de nuestro país.
La Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional llevó a cabo una exhaustiva investigación, que resultó en la formulación de una acusación contra una estructura delictiva involucrada en lavado de dinero, bienes o activos.
Los implicados son
Jacob Britton Hancock, John Britton Hancock, Cassandra Mae Hancock, Walner Omier Blandón Ochoa, Maricela de Fátima Mejía Ruiz, Marcos Sergio Hernández Jirón, Harry Lening Ríos Bravo, Manuel de Jesús Ríos Flores, José Luis Orozco Urrutia, Álvaro Daniel Escobar Caldera, Juan Carlos Chavarría Zapata, Juan Luis Moncada, Orvin Alexis Moncada Castellano, César Facundo Burgalin Miranda, Isabel Cristina Acevedo Solís y Maricarmen Espinosa Segura.
La investigación surgió a partir de movimientos significativos de dinero en cuentas bancarias asociadas con el Ministerio Puertas de la Montaña, filial Nicaragua. Se descubrió que los fondos, en lugar de ser utilizados para fines altruistas, se desviaban para intereses particulares de los acusados, incluyendo la compra de bienes de lujo.
La Unidad de Análisis Financiero emitió reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos, que contribuyeron a la investigación policial sobre movimientos financieros sospechosos y la acumulación de bienes de lujo por parte de los coacusados.
Se identificaron a las empresas Puente Plomo S.A., Vertical Bridge Works, LLC., Conexión Vertical S.A y Operaciones Blandón Hancock S.A. la cuales eran utilizadas por los coacusados para simular actividades religiosas y ocultar operaciones financieras.
Con base en las evidencias, la Fiscalía presentó las respectivas acusaciones, admitidas por los Tribunales Penales de Managua. Se convocó a una audiencia inicial para el 26 de enero, donde se solicitará la remisión de la causa a juicio oral y público.
El Ministerio Público mantiene coordinación con la Policía Nacional para la localización y detención de coacusados prófugos, bajo las órdenes judiciales de captura emitidas.
El Ministerio Público de Nicaragua reafirma su compromiso con la investigación y persecución penal contra todas las manifestaciones de criminalidad organizada, garantizando los derechos y garantías constitucionales del debido proceso y la defensa de los detenidos.
Este caso refleja el firme compromiso de las autoridades nicaragüenses con la seguridad y soberanía del país, asegurando la aplicación de la justicia en un marco de transparencia y legalidad.
