El miércoles 20 de marzo, en los Juzgados de Managua, trece miembros de la organización evangélica Ministerio Puerta de la Montaña fueron declarados culpables por el delito de lavado de dinero.
Los condenados son: Walmer Omier Blandón Ochoa, Marisela de Fátima Mejía Ruiz, José Luis Orozco Urrutia, Álvaro Daniel Escobar Cabrera, Juan Carlos Chavarría Zapata, Marcos Sergio Hernández Jirón, Juan Luis Moncada, Orvin Alexis Moncada Castellano, Harry Lening Ríos Bravo, Manuel de Jesús Ríos Flores, César Facundo Burgalin Miranda, Isabel Cristina Acevedo Solís y Maricarmen Espinoza Segura.
Las investigaciones, iniciadas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), detectaron movimientos significativos de dinero en cuentas bancarias asociadas al Ministerio Puerta de la Montaña, filial Nicaragua.
Las pesquisas revelaron que, bajo la fachada de actividades de discipulado cristiano en el norte del país, la organización facilitaba la entrada de dinero extranjero para adquirir vehículos, fincas, casas en residenciales y realizar negocios.
Los líderes de «Puerta de la Montaña», John Britton Hancock y Jacob Britton Hancock, llegaron a Nicaragua en 2013 con financiamiento de Bruce Wagner, dueño de una compañía de aviación y del ministerio evangelístico «Sacudiendo las Naciones».
En Nicaragua, contactaron a Walmer Blandón Ochoa y Marisela Mejía Ruiz para registrar la organización y les asignaron roles claves en la gestión del dinero.
El esquema involucraba depósitos realizados por Bruce Wagner en Estados Unidos, que luego eran transferidos a cuentas personales de Blandón Ochoa y Mejía Ruiz.
Al bloquearse estas cuentas por la cantidad inusual de fondos sin justificación, se crearon sociedades como OPERACIONES BLANDÓN HANCOCK S.A. (OBH), Vertical Bridge Works, CONEXION VERTICAL y PUENTE PLOMO para continuar manejando el dinero y adquirir propiedades.
La Unidad de Análisis Financiero emitió reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos, que sirvieron de base para la investigación policial sobre los movimientos financieros y la acumulación de bienes de lujo por parte de los acusados.
La Fiscalía General de la República, en su firme compromiso con la seguridad y la soberanía del país, ha presentado las pruebas contundentes que han derivado en la declaración de culpabilidad de los implicados.
Este caso demuestra el compromiso de las autoridades nicaragüenses con la aplicación de la justicia en un marco de transparencia y legalidad.
