Un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica reveló que la tasa de homicidios continúa su tendencia al alza, registrando 602 asesinatos en este 2023 hasta la fecha, lo que representa 184 casos más que en el mismo período del año anterior.
La provincia de Limón lidera la lista con una cifra alarmante de 151 asesinatos hasta el 1 de septiembre, lo que equivale al triple del promedio nacional. San José, la capital, le sigue con 147 homicidios, mientras que las provincias de Puntarenas, Alajuela, Guanacaste, Cartago y Heredia también han informado de incrementos notables.
Medios de comunicación locales han destacado que la cantidad de víctimas mortales ha elevado el promedio nacional de homicidios, pasando de 71 en julio a 75 en agosto.
Es importante recordar que el año 2022 ya había cerrado con una cifra sin precedentes con 656 homicidios. Sin embargo, 2023 parece superar esas cifras, registrando un aumento del 42% en la primera mitad del año en relación con el año anterior.
Mario Zamora Cordero, Ministro de Seguridad, expresó su preocupación en las redes sociales diciendo: «600 homicidios es una cifra inaceptable». Además, remarcó que es trágico que Costa Rica esté experimentando este nivel de violencia bajo la influencia de cárteles internacionales.
Se ha observado que en varias regiones del país la violencia ha adoptado características propias de cárteles mexicanos, incluyendo torturas y asesinatos entre bandas por sicarios altamente capacitados.
Se sospecha que estas organizaciones delictivas reciben cocaína de pandillas colombianas a cambio de gestionar la logística de su transporte y envío en ese país centroamericano.
Una gran cantidad de esta droga está destinada a Estados Unidos y Europa, con al menos 10 toneladas encontradas ocultas en cargamentos de frutas enviados desde el puerto de Moín.
La ONU ya había informado que debido a los conflictos territoriales relacionados con el tráfico de drogas, se produce un homicidio en Costa Rica aproximadamente cada 10 horas.
Estos datos recalcan la necesidad urgente de medidas de seguridad y control por parte de las autoridades costarricenses.