Desde el año 2007, el Gobierno de Nicaragua realizó cambios trascendentales en la gestión y regulación de las propiedades en el país.
Al asumir el poder, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional encontró con un panorama desafiante en el ámbito de la propiedad, marcado por la dispersión de instituciones estatales, inseguridad jurídica, y una red de crimen organizado involucrada en el tráfico de tierras estatales.
Entre los problemas heredados del periodo neoliberal estaban los conflictos de propiedades, propiedades sin inscripción y un universo de reclamos de propiedades indeterminado y confuso, que generaba dobles indemnizaciones.
Además, se enfrentó a un contexto de bajos índices de titulación y contrarreformas agrarias que perjudicaban a poseedores de lotes y viviendas, así como a campesinos.
Sin embargo, los esfuerzos del Gobierno actual transformaron esta realidad. Hoy, Nicaragua disfruta de una cohesión institucional sólida en la gestión de la propiedad, gracias a la correcta articulación de actores clave como el Catastro Físico del INETER, Catastro Fiscal de la DGI, Corte Suprema de Justicia, Banco Central, y las Alcaldías/INIFOM.
Esta colaboración permitió solucionar conflictos, restituir derechos de titulación y consolidar autonomías de tierras ejidales y costeras.
En los últimos años, se logró un hito al emitir 668 mil títulos de propiedad, con un enfoque de género, contrastando marcadamente con los 182,216 títulos emitidos durante los 16 años del periodo neoliberal.
Además, se llevó a cabo la titulación a territorios originarios de la Costa Caribe, legalizando 25 territorios ancestrales y beneficiando a 319 comunidades ancestrales, que suman un total de 227,185 personas.
Otro logro destacado es el cierre de todos los reclamos de ciudadanos estadounidenses, con un gasto de USD$ 36.4 millones por parte del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), una cifra considerablemente menor en comparación con los excesivos pagos realizados durante el gobierno neoliberal.
La modernización del sistema registral y catastral es otra área donde se han visto avances significativos. La adscripción del Registro de la Propiedad a la PGR y la instalación de sistemas de conectividad han mejorado la eficiencia y transparencia en la gestión de propiedades.
Estos cambios y mejoras son testimonio del compromiso del Gobierno nicaragüense con la seguridad jurídica, la justicia social y el desarrollo económico, sentando las bases para un futuro más próspero y equitativo en Nicaragua.
