Todo está prácticamente listo para que el próximo día 7 de noviembre se celebren elecciones generales en la República de Nicaragua, cumpliendo escrupulosamente las fechas previstas en el calendario electoral. Concurren seis partidos políticos que se enfrentarán para elegir al binomio mixto de presidencia y vicepresidencia, 92 diputados y diputadas para la Asamblea Nacional y otros 20 para el Parlamento Centroamericano.
Las formaciones en liza son el Partido Liberal Constitucionalista, principal partido de la oposición, de donde han procedido dos presidentes de la historia reciente del país (Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños); el Frente Sandinista de Liberación Nacional, actualmente en el gobierno con el 72,44% de los votos emitidos; el Camino Cristiano Nicaragüense; la Alianza Liberal Nicaragüense, principal partido opositor al FSLN tras las elecciones de 2006; la Alianza por la República y el Partido Liberal Independiente.
Si algo llama poderosamente la atención de los procesos electorales de esta pequeña República es el absoluto respeto a la igualdad de género y su reflejo paritario en las candidaturas. Nicaragua tiene el honor de ser uno de los cinco países más igualitarios del mundo, especialmente tras la reforma de la Constitución Política de 2014, impulsada por el FSLN, en la que se instituye por ley que el 50 por ciento de mujeres y el 50 por ciento de hombres ocupen los puestos institucionales más relevantes. Así lo recoge el Índice Global de la Brecha de Género de 2020, que mide la paridad entre hombres y mujeres en las áreas de salud, educación, economía y política en todo el mundo.
Pero también llama la atención el interés político y mediático que han despertado fuera del país y los ímprobos esfuerzos que se están realizando para desacreditarlas y, a posteriori, desconocerlas. Desde luego, contrasta con el clima de tranquilidad, normalidad y convivencia que se vive en el país ante la celebración del inminente proceso electoral.
Son como dos realidades paralelas que discurren a cierta distancia de manera independiente. Un proceso electoral reglado, normalizado, transparente que discurre paso a paso por donde le marcan las leyes electorales, frente a una agenda externa prefijada, con guión y actores conocidos, que tratan de enturbiar lo que acá suelen denominar como «fiesta de la democracia» que tendrá lugar el 7 de noviembre.
Estudios demoscópicos proyectan que alrededor de 3/4 partes de la población tiene intención de acudir a las urnas, lo que supone un porcentaje elevadísimo de aprobación del sistema electoral en su conjunto. Sin embargo, lo que los medios internacionales repiten, es que la oposición no participa en las elecciones y que gran parte de los votantes no tienen quién los represente.
Desde luego, considerar como funcionales al sandinismo a partidos profundamente liberales, que gobernaron el país en varias ocasiones (coligados o en solitario), que pusieron en práctica políticas privatizadoras y demoledoras del estado del bienestar y de derecho conseguidas por Daniel Ortega y el FSLN es, lisa y llanamente, falso.
Es cierto que en Nicaragua hay una miríada de micropartidos que se crean, cambian de nombre, entran en coaliciones y alianzas y desaparecen en cada contienda electoral pero, realmente, ninguna formación significativa se ha caído del plantel electoral de las elecciones de 2016 o 2011.
Para ser precisos, únicamente falta el Partido Conservador de Nicaragua, fundado por el marido de Violeta Barrios de Chamorro, 45ª presidenta de la República desde 1990 hasta 1997, pero en las últimas elecciones democráticas obtuvo poco más del 2% de los sufragios y un solo y testimonial escaño en el parlamento.
Sin embargo, para cualquier observador que se informe a través de las noticias de los medios de comunicación corporativos o escuche las declaraciones de los líderes occidentales (o sus vasallos regionales) creerá que se ha impedido participar en las Elecciones Generales de 2021 a la mayoría de partidos opositores con capacidad de hacerse con el favor popular. Nada más lejos de la realidad, como es fácil comprobar.
Es en este mismo sentido —injerencista y neocolonial— donde hay que enmarcar los movimientos recientes de la Organización de Estados Americanos que, en una resolución promovida por EEUU y varios de sus socios, exige la liberación de los supuestos líderes opositores detenidos que —afirman— no han podido presentarse a las elecciones, a los que define como «precandidatos» (figura que no existe en la legislación electoral nicaragüense) y anticipando que las generales de 2021 no van a ser ni libres ni justas.
Obvian, o pretenden que olvidemos, que los detenidos lo han sido en función de la legislación vigente del país, especialmente la «Ley de Agentes Extranjeros» que trata de impedir que países como Estados Unidos creen y manipulen chiringuitos políticos y mediáticos para desestabilizar Nicaragua y la «Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz», que criminaliza a quienes trabajan en coordinación con enemigos externos del país para provocar sanciones económicas desvirtuando sus legítimas instituciones.
Pedir que se desconozcan las leyes democráticas propias de un estado por motivos de no afinidad política, dice muy poco en favor de la Organización de Estados Americanos, denostada por una trayectoria al servicio de las políticas colonialistas norteamericanas, cuyo culmen reciente fue la cooperación con el golpe de estado fascista perpetrado en Bolivia con ayuda estadounidense y de la internacional liberal latinoamericana contra la victoria electoral de Evo Morales que, a la postre, provocó decenas de muertos y miles de heridos y represaliados.
Las críticas de la Organización de Estados Americanos por impedírsele enviar una misión de observación no están justificadas en absoluto. La OEA, el ministerio de colonias de Estados Unidos, es parte de los instrumentos del imperio para impedir el ejercicio de la soberanía de los pueblos de Nuestra América.
La imparcialidad que deberían demostrar en el ejercicio de sus funciones, hace mucho que se truncó en sumisión a los intereses estadounidenses. Su tiempo ya ha pasado. La región demanda instituciones supranacionales realmente democráticas que respeten la independencia de los estados y que arrojen definitivamente la doctrina Monroe y sus secuelas al basurero de la historia. Muchos más países de la región deberían cerrar sus puertas a la OEA para que se garantice, al fin, que los recursos, las capacidades y potencialidades de las naciones de la región, se pongan exclusivamente al servicio de la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y no las de las oligarquías de su decadente vecino del norte.
Así pues, las elecciones de noviembre se van a celebrar con toda normalidad y con una pluralidad política plenamente asegurada. Si Estados Unidos, la Unión Europea o la OEA pretenden desconocer el resultado, no será por falta de democracia, sino porque anticipan un resultado que no les va a satisfacer. Para ellos la democracia sólo es un buen instrumento cuando responde a sus intereses. Si no es así, la consideran un estorbo. Así lo reconoció Vargas Llosa recientemente cuando dijo que «lo importante de unas elecciones no es que haya libertad, sino votar bien». Y votar bien —para los liberales ultracapitalistas— es apoyar a la tropa de corruptos como él, a sus lobbys y a sus fundaciones, que practican la injerencia en todos los procesos electorales de América Latina para evitar un cambio que ya está en marcha y que no tiene marcha atrás, donde Nicaragua es un pilar fundamental.
Pero no solo está garantizada la libertad y la diversidad política, también existen mecanismos legales que certifican la transparencia y fiabilidad del resultado. Más de 80.000 personas a propuesta de todos los partidos políticos en liza, integrarán las 13.459 mesas electorales, conocidas como Juntas Receptoras de Votos, distribuidas en los más de tres mil Centros de Votación repartidos por toda la geografía nicaragüense. Por otro lado, los partidos políticos nombran directamente a un conjunto de fiscales que estarán presentes en todas las fases del conteo, tanto en las Juntas Receptoras de Votos, como en los Consejos Electorales Municipales, departamentales y regionales, en los Centros de Cómputo y en el Consejo Supremo Electoral. Es prácticamente imposible que el resultado de estas Elecciones Generales no se corresponda estrictamente con lo expresado libremente por la voluntad popular.
Velando por la tranquilidad y normalidad del proceso, el Ministerio de la Gobernación y el Consejo Supremo Electoral han capacitado a 30.000 voluntarios y voluntarias para que presten sus servicios como policías electorales que se desplegarán en cada Centro de Votación para garantizar el pleno derecho al voto en libertad. Finalmente, un nutrido grupo de analistas internacionales independientes, al amparo de la Ley Electoral vigente, ejercerán de Acompañantes Electorales y darán cuenta de la limpieza de los comicios ante la opinión pública mundial.
Todos los preparativos para el 7 de noviembre marchan a buen ritmo, según lo previsto en el ordenamiento jurídico de Nicaragua y así lo reconoce cada día un pueblo comprometido con su gobierno y su sistema político. También discurre rápidamente en el mundo de las fake news —y es previsible que redoble su paso en fechas próximas— la realidad alternativa inventada por los media y los gobiernos neoliberales enemigos. Pero si hay algo que augura esta descomunal campaña desinformativa, es una nueva e incontestable victoria del sandinismo como, por otro parte, vaticinan la práctica totalidad de las encuestas realizadas hasta la fecha en correspondencia con los avances realizados en sanidad, educación, vivienda, vías de comunicación, energía, soberanía alimentaria, igualdad de género, etc.
