El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el pasado jueves un paquete de leyes antiinmigrantes que convierte a este estado en uno de los más restrictivos en materia de inmigración en Estados Unidos.
Entre las medidas más controvertidas se encuentra la imposición de la pena de muerte para inmigrantes indocumentados que sean declarados culpables de delitos graves como asesinato premeditado o violación de menores.
Las leyes, conocidas como SB 2-C y SB 4-C, refuerzan la política de inmigración del estado y se alinean con la postura de la administración Trump, que ha mantenido una línea dura contra la inmigración irregular. DeSantis aseguró que estas medidas buscan «restablecer el Estado de derecho» y proteger a las comunidades de Florida.
Uno de los aspectos más polémicos del paquete legislativo es la aplicación de la pena de muerte para inmigrantes indocumentados que cometan delitos capitales.
Además, las nuevas leyes consideran un delito el reingreso al estado después de haber llegado al país de manera irregular, es decir, sin la debida inspección de un oficial de inmigración. La pena por este delito puede aumentar de 6 meses a 2 años de prisión en caso de reincidencia.
Las leyes también imponen otras restricciones significativas para los inmigrantes indocumentados en Florida:
- Licencias de conducir y tarjetas de identificación: Los inmigrantes no podrán solicitar estos documentos si no pueden demostrar su estatus legal en el país.
- Acceso a educación superior: Los estudiantes indocumentados no tendrán derecho a pagar la matrícula estatal en universidades y centros comunitarios del estado.
El paquete legislativo incluye una partida de 298 millones de dólares destinados a reforzar la seguridad y el control migratorio en el estado. Estos fondos se utilizarán para:
- Contratar más de 50 agentes de seguridad dedicados a la supervisión de migrantes.
- Adquirir equipos y brindar capacitaciones a quienes colaboren con las autoridades federales en la aplicación de las leyes de inmigración.
La firma de estas leyes ha generado una fuerte reacción por parte de grupos defensores de los derechos de los inmigrantes y organizaciones civiles. Muchos argumentan que estas medidas son inconstitucionales y que criminalizan a una población vulnerable.
Por su parte, DeSantis defendió las leyes como una medida necesaria para proteger a los ciudadanos de Florida y aseguró que el estado se convertirá en el «más fuerte del país» en la aplicación de las leyes de inmigración.