En la primera sesión del juicio que se sigue contra el líder de los tranques Medardo Mairena, se comenzaron a ventilar las primeras pruebas que lo incriminan de ser autor de los múltiples delitos de los que ha sido acusado por el Ministerio Público, que están relacionadas al terrorismo, crimen organizado, asesinato, robo y daño agravado, lesiones y entorpecimiento de servicios públicos.
El representante del Ministerio Público dijo que demostrará la culpabilidad de los implicados, bajó 3 ejes fundamentales; el primero relacionado a los daños ocasionados el 20 de abril a los edificios públicos del INSS en Nueva Guinea, lesiones a agentes policiales y la quema a una motocicleta propiedad de la Policía Nacional.
El segundo eje está relacionado en que Mairena junto a Pedro Joaquín, así como otros 2 acusados formaban parte de una red de dirigentes de los tranques que estaban instalados entre los municipios de los departamentos de Chontales, Boaco, Río San Juan y Zelaya Central. En estos tranques los acusados orientaban la ejecución de diversos delitos, como extorsión, robos, violaciones y daños a vehículos del estado, principalmente ambulancias del Ministerio de Salud.
El tercer eje de la acusación se relacionan a los hechos atroces acontecidos en el municipio de Morrito del departamento de Río San Juan, donde fueron asesinados los oficiales de la Policía, subcomisionado Luis Emilio Bustos López, los suboficiales Marlon José López, Lenin Olivas Alanís, Faustino Téllez Vargas y el docente de primaria Marvin Ugarte, hechos ocurridos el pasado 12 de julio.
En este caso se acusa como autores intelectuales a Medardo y a Pedro Joaquín, mientras Luis Orlando y Silvio Saúl, son autores materiales, ya que participaron directamente de la matanza junto a otros delincuentes, y se llevaron secuestrados hacia el sector del empalme de San Pedro de Lóvago a 9 personas más.
Entre las pruebas periciales que presentará la fiscalía en este proceso, se encuentran los análisis hechos a los teléfonos celulares de Medardo y Pedro Joaquín. En este análisis pericial se encontró un grupo de Whatsapp llamado “Luchando por la Justicia” en el que Medardo da orientaciones de atacar la delegación policial de Morrito y la alcaldía, además de manejar la información que la marcha de campesinos que se daba ese 12 de julio fue atacada a balazos por los agentes policiales.
Medardo al momento de su detención portaba dos celulares con número 8107-0612 y 86365517, mientras Pedro Joaquín 8252-9320 y 8914-3304. A estos aparatos mediante orden judicial, se le extrajo información relacionada a los hechos de Morrito.
En el grupo de Whatsapp “Luchando por la Justicia” estaban agrupados todos los números de celulares de todos los jefes de tranque de Boaco, Chontales, Río San Juan y Zelaya Central.
Como parte de la prueba, la fiscalía presentó cuatro vídeos donde se ve los destrozos ocasionados al edificio, el ataque a pedradas y morterazos a la actividad cultural y además se observa a Mairena vestido de camisa blanca y con una gorra blanca.
Antes de ser presentados los vídeos, declararon como testigos seis personas, entre ellos la compañera Mireya Zeledón Suárez, delegada del INSS de Nueva Guinea, quien determinó que estaban de manera pacífica celebrando con los pensionados, cuando Francisca Ramírez y Medardo Mairena llegaron con más de 200 personas, a atacar indiscriminadamente.
Zeledón Suárez señaló directamente a Medardo como el dirigente que ordenó el ataque y pidió al juez de la causa, que demanda justicia y reparación de los daños. También declaró la oficial Barahona que identificó a Medardo como el principal dirigente de esa marcha opositora al gobierno del FSLN. De igual manera, declaró el oficial Juan Daniel Hueck que manejaba la moto incinerada y también señaló que Mairena formaba parte del grupo violento.
El representante de la fiscalía señaló que cada uno de los acusados, con su actuar en el marco de las protestas entre abril y junio, desbordaron todo los limites que establece la Constitución de la República y el Código Penal de Nicaragua, cometiendo actos criminales contra el Estado de Nicaragua, contra la paz y tranquilidad, contra las familias y la economía del país.
El juicio continuará este miércoles y se ha reprogramado otras audiencias para el 19, 21 y 22 de noviembre. El caso se realiza bajo la figura de tramitación compleja, por tanto todos los plazos del Código Procesal se duplican.