La sociedad costarricense fue sacudida esta mañana luego que agentes especializados de la Sección de Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron las instalaciones de la Fundación Manos Abiertas en Desamparados de Alajuela, desvelando una historia que parece sacada de una novela de suspenso y traición.
La fundación, que prometía un refugio espiritual y una vida dedicada al servicio a través de la fe, fue acusada de convertirse en un escenario de horrores y malversación, lejos de los votos de castidad y obediencia que predicaba.
Esta organización, que se ofrecía como santuario de altruismo y devoción, es ahora el centro de un escándalo de proporciones mayúsculas.
Cuatro mujeres y un hombre, pilares de esta comunidad religiosa, fueron detenidos bajo cargos que van desde maltrato infantil hasta esclavitud laboral, pasando por la malversación de fondos destinados a los más vulnerables.
Se reveló que el dinero otorgado por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), que asciende a la astronómica cifra de 6,584 millones de colones (Unos 12 millones de dólares), fue desviado para fines tan mundanos como viajes al extranjero y la adquisición de bienes personales.
Pero lo que más hiere el corazón de la comunidad es el tratamiento dado a los 70 menores bajo su cuidado, y a los 65 adultos mayores con enfermedades crónicas en La Unión de Cartago.
La supuesta mano abierta de la fundación se cerró en un puño de hierro, sometiendo a estos inocentes a castigos inhumanos y privaciones injustificables. La indignación colectiva crece al conocerse los detalles de estas atrocidades, llevadas a cabo bajo el manto de la fe y la caridad.
Ahora, con las autoridades tomando control directo de las operaciones, surge una luz de esperanza para aquellos que fueron víctimas de este lamentable abuso de confianza.