El Gobierno de Costa Rica está causando pérdidas de hasta 30 millones de dólares al comercio centroamericano, debido a su irresponsable medida de cerrar las fronteras.
Además ha provocado el embotellamiento de más de mil camiones en la frontera con Nicaragua.
La medida es una clara muestra de discriminación, pues según ellos, los camioneros son sospechosos de portar el COVID-19.
El cierre de fronteras por parte de Costa Rica ha sido reprobado por la comunidad empresarial centroamericana, los transportistas y los gobiernos de la región.
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Por ejemplo, para la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana (Fecaica), las medidas instauradas en las fronteras terrestres son “inviables” dentro del sistema logístico en la región.
El descontento es generalizado porque los decretos obligan a los choferes extranjeros a llegar hasta la frontera y allí hacer un “enganche” o “desenganche” de los contenedores a un conductor costarricense.
“El transporte de mercadería es responsabilidad de la empresa que, en primera instancia, fue contratada para ese propósito. Esta responsabilidad no puede delegarse a otra empresa que no tiene certeza del contenido del contenedor. Adicionalmente, trasegar la mercancía conlleva riesgos, como robos y accidentes, en donde el seguro únicamente puede ser cobrado por la empresa que contrató el dueño de la carga”, plantea la Fecaica.
