La Asamblea Nacional aprobó una solicitud de derogación de la personería jurídica del denominado Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), organismo que fue señalado de gestionar, recibir, canalizar y facilitar fondos para desestabilizar el país durante el fallido golpe de estado que causó la muerte de casi 200 personas a manos de la derecha terrorista.
El Organismo No Gubernamental era representado por la costarricense Ana Otilia Quirós Víquez, quien recientemente fue deportada hacia el vecino país del Sur por haber participado directamente en la desestabilización de Nicaragua, abusando de la nacionalidad y hospitalidad que la Patria de Sandino le había brindado desde la primera etapa de la Revolución.
La suspensión de la personería tuvo el respaldo de 71 de los diputados en el parlamento.
«El destino de los bienes del CISAS, previa liquidación, deben ser entregados al Estado de Nicaragua», señala parte del escrito que solicitaba la cancelación del Organismo No Gubernamental.