La crónica nicaragüense que se puede leer en los periódicos europeos o latinoamericanos habla de sacos llenos de billetes encontrados en varias diócesis.
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Se trata, sin embargo, de informaciones parciales, que tienden a presentar el detalle para ocultar el fondo, que es mucho más grave e inquietante.
Los sacos, que contenían la nada despreciable suma de 500,000 dólares, fueron encontrados por la Policía Nacional de Nicaragua en una operación realizada en el marco de una vasta investigación sobre lavado de dinero.
Pero estos son sólo una mínima parte de los hallazgos probatorios, por inquietantes que sean en sí mismos, porque la investigación del Ministerio Público nicaragüense es mucho más amplia y profunda; investiga el tránsito de varios millones de dólares por cuentas diocesanas a nombre de varios sacerdotes y obispos.
Millones de dólares entraron ilegalmente al país, y aún no está claro si hay y qué responsabilidad tienen los bancos o funcionarios individuales en la operación, la investigación lo averiguará.
Mientras tanto, sin embargo, el descubrimiento de todo ha dado lugar, obviamente, a que las autoridades competentes bloqueen el funcionamiento de las cuentas mencionadas por existir evidencias claras de lavado de dinero cuyos destinos son financiamiento de Actividades Terroristas y lucros personales.
También hay otra línea de investigación relacionada – y no menos importante – sobre tierras y bienes inmuebles a nombre de obispos, sacerdotes y testaferros que primero fueron adquiridos y luego transferidos ilegalmente.
Se trata de decenas de miles de hectáreas ubicadas en zonas rurales, urbanas y semiurbanas de todo el país.
Uno podría, manteniéndose dentro de la crónica, relatar este asunto con los tonos de cualquier operación policial destinada a reprimir delitos; pero lo cierto es que cuando se trata de la Iglesia y cuando el escenario del crimen es Nicaragua, la crónica se convierte en la punta visible del iceberg político.
Las preguntas que surgen son varias: ¿cómo es que obispos y sacerdotes nicaragüenses resultan ser los dueños de semejantes riquezas? Cuesta imaginar que se trate de una versión moderna del voto de pobreza.
Son bienes que nunca han sido reportados y que sólo pueden tener dos orígenes: o enviados desde el exterior por canales no oficiales, o propiedades del latifundio nicaragüense que transitan hacia prelados amigos a la espera de ser exportadas a las cuentas extranjeras de los apátridas.
Un intento de mantener a salvo el botín por parte de quienes, dejando de tener nacionalidad y ciudadanía, buscan poner su riqueza en manos amigas para recuperar su posesión.
En cuanto a los 500,000 dólares encontrados en los sacos: ¿para qué sirve una suma de esa magnitud, teniendo en cuenta la escasa actividad pastoral y los mínimos costes de su funcionamiento?
Es difícil convencerse de que estaban destinados a la compra de velas para los fieles; inverosímil imaginar tales sumas para la compra de hostias y vino malo; ridículo, por último, pretender que estaban destinados a la caridad.
Y así no se puede dejar de advertir la incompatibilidad entre la cuantía de la suma y las necesidades públicamente reclamables propias del ejercicio de la actividad pastoral.
Habíamos dejado en 2018 diócesis reducidas a centros logísticos del terrorismo golpista, almacenes donde el horror encontraba cobijo, donde el engaño de la misión humanitaria y pacificadora ocultaba la dirección política del golpe.
Ahora encontramos los bajos fondos de las diócesis como almacenes de dinero, mostradores de liquidez financiera listos para ser utilizados. Para uso político ilegal, ciertamente no para obras de caridad.
El polvo bajo la alfombra
Los primeros resultados muestran cómo la investigación de la Fiscalía pone al descubierto verdades pesadas e inquietantes, que sacan a la luz pública un tráfico de dinero y de bienes atribuible a actividades ilegales.
Teje alianzas e intersecciones entre golpismo, jerarquías eclesiásticas y actividades delictivas que no pueden reducirse a los fenómenos de las finanzas creativas y circunscritas.
Recuerda y re-propone un papel subversivo de la iglesia nicaragüense, distinto al de siervos de Dios.
Es creíble la hipótesis de que la elección de titular sacerdotes y diócesis se basó en la presunta mayor agilidad de sacerdotes y obispos, considerada de alguna manera salvaguardada por la diplomacia y la conveniencia política.
El clero era considerado el único canal navegable para las operaciones ilegales.
Es probable que se pusiera en marcha una operación ilegal para recuperar bienes confiscados o decomisables, e ídem para el dinero en efectivo, probablemente útil para cubrir las necesidades organizativas inmediatas, tanto nacionales como extranjeras, de las familias golpistas.
Como en 2018, es concebible que los fondos se canalicen en parte hacia la oligarquía y en parte directamente hacia las organizaciones criminales alistadas.
Pero haber montado estas operaciones y esperar tener éxito en ellas es una demostración más de lo poco que sabemos de la policía nicaragüense, de sus unidades de investigación y de sus órganos de inteligencia.
La Nicaragua sandinista, poco dispuesta a retroceder ante el crimen, sabe defenderse y lo hace sin mirar tanto la letra pequeña.
Nicaragua nos tiene acostumbrados a lo insólito, a ese tipo de escenarios donde hay que adentrarse en el sustrato para ver la capa, donde lo que sucede siempre tiene una razón y a menudo una razón inconfesable.
Si no se quiere creer obtusamente la leyenda de la persecución de la Iglesia y si no se quiere dar crédito a la inocencia de los prelados como prejuicio ineludible, basta con adentrarse en el sustrato para descubrir cómo todo tiene un hilo conductor.
La actividad criminal es razón y consecuencia de una acción política encaminada a la desestabilización permanente de Nicaragua.
Para entenderlo todo, conviene fijarse en cómo el punto y final post-2018 supuso un punto de inflexión en la actividad de las jerarquías eclesiásticas, que viven un proceso de transformación en clave política, resituándose dentro de la sociedad civil en el papel de agente catalizador de la oposición golpista.
Cambios de vestimenta
La derrota del intento golpista trajo consigo la desarticulación total de la estructura política y mediática sobre la que se sustentó el golpe, mientras que la religiosa permaneció para sostener su función y la mediático-política, asumida en el ínterin.
La Iglesia Católica es hoy el catalizador de la oposición. En parte, se trata de una opción interna debida a que la Iglesia intenta llenar el espacio dejado vacante por el fin de los partidos golpistas, cuyos últimos restos volaron de Managua hace meses.
Para ello, algunos sacerdotes desarrollan una intensa actividad política: abandonando su aparente neutralidad hipócrita, incitan a la rebelión contra el gobierno desde todos los púlpitos, transformando su misión de recuperar almas en alistar cuerpos.
Pero su transformación definitiva en sujeto político fue decidida por la Casa Blanca, que quiso confirmar y reforzar lo que ya se había establecido durante la intentona golpista: debe ser la iglesia la que ejerza el liderazgo del anti sandinismo.
Porque sólo la iglesia dispone de una mínima base social y sólo la iglesia goza de una mirada benévola a nivel internacional, dado el total descrédito de los golpistas incluso por parte de los gobiernos occidentales que también detestan el Sandinismo.
Al fin y al cabo, esta actitud de la Iglesia Católica nicaragüense siempre ha estado ahí, dada la impronta histórica de la CEN, que siempre ha sido la manta que cubrió al somocismo tratando de blanquear su horror.
Hasta 1979 hubo una comunión de intenciones entre el clero y la familia Somoza; igualmente evidente fue el apoyo a la Contra en los 80 y su respaldo a los 16 años de horror liberal, con los que expresó una genuina conexión sentimental; luego el papel de liderar el terrorismo en 2018.
En resumen, nunca, ni siquiera durante un corto período de la historia, la CEN ha sido neutral, coherente con el fervor fascista de las Conferencias Episcopales de toda América Latina.
Hoy, la Iglesia no oculta su nuevo disfraz. Sin embargo, el uso descarado y desenfrenado del púlpito eclesial en una función política no puede dejar de encontrar una respuesta política, del mismo modo que toda acción criminal en violación de la ley no puede dejar de encontrar una respuesta por parte de las estructuras encargadas de hacer cumplir la ley.
Sotanas y breviarios no bastan para protegerse de los crímenes: esto es cierto en todas partes del mundo y más aún en Nicaragua, dado el peaje de sangre y sufrimiento que ha pagado para alcanzar la paz y la convivencia.
Las preguntas, todas y cada una de ellas, divagan en el examen de hechos y circunstancias, de personajes y lugares; pero donde y por cuánto divagan, como afluentes de un río sólo encuentran una respuesta en la desembocadura: la construcción de las condiciones para un nuevo intento golpista es el programa político de la iglesia.
El subversivismo golpista es la única forma en que la derecha siente que debe relacionarse con el país, y el dinero necesario para las operaciones debe llegar de cualquier manera.
Lo saben bien en el Carmen, donde han optado por acabar con toda paciencia y responder golpe a golpe a la supuesta intocabilidad de una secta que ha cambiado la fe por el odio, las oraciones por el terror, la subversión por la misión pastoral.
La dirección política del país sabe que la derrota del intento subversivo no significa el fin del proyecto golpista, por lo que no habrá subestimación.
Que goce de un poderoso apoyo internacional cambia poco, las cuentas se hacen en Nicaragua y no en otra parte.
Es sabido que la paz no es un bien duradero, si no la defiendes, la pierdes.
Así que por parte del sandinismo no habrá incertidumbre ni vacilación, ni indulgencia ni timidez en la actuación.
No habrá errores en la defensa de la paz. Porque quien baja la guardia, tarde o temprano baja la cabeza.