La Constitución Política de Nicaragua establece que en el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos, y de la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
Asimismo, señala que Nicaragua es un Estado independiente, libre, soberano, unitario e indivisible; es un Estado Democrático y Social de Derecho, el derecho a la vida es inviolable; fomenta y fortalece la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la responsabilidad social y la dignificación del pueblo a través de su ordenamiento jurídico, todo ello basado en el respeto a los Derechos Humanos y en la búsqueda del bien común.
PROTEGIENDO LOS DERECHOS HUMANOS DE TOD@S L@S NICARAGUENSES
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) tiene la misión de promover, defender y tutelar las garantías constitucionales de los ciudadanos y sus derechos humanos y tiene por compromiso contribuir con las instituciones estatales y la sociedad civil a garantizar dentro de un Estado de Derecho la seguridad de las personas y los derechos humanos, de conformidad a la Constitución Política.
La PDDH es un organismo independiente con personalidad jurídica propia y autonomía funcional administrativa, es decir, no está supeditada a ninguna autoridad.
La PDDH recepciona las denuncias de las personas que habitan en el territorio nacional y que de alguna forma consideran que se han violentado sus derechos.
En el año 2017, la PDDH recibió un total de 11 denuncias relacionadas con las condiciones carcelarias; y en el primer semestre 2018, recibió 6, para un total de 17 casos.
Del total de denuncias sobre condiciones carcelarias, recibidas en los periodos reportados, la PDDH emitió un total de 17 resoluciones. Como resultado del proceso investigativo efectuado, en 2 casos emitió recomendaciones a través de las cuales se logró la restitución de los Derechos Humanos señalados en las denuncias, en los otros 15 casos no se constató la vulneración de derechos humanos.
En el año 2017, la PDDH recibió un total de 710 denuncias relacionadas con el Derecho al Debido Proceso Y en el primer semestre del año 2018 se recibieron 351 denuncias, para un total de 1,061 denuncias.
Durante el año 2017 se recibió un total de 187 denuncias relacionadas con el Derecho de Acceso a la Justicia y en el primer semestre del 2018, 79 para un total de 266 denuncias.
En el periodo comprendido del año 2017 se recibieron 2,043 denuncias y en el primer semestre del año 2018, se recibieron 1,239, para un total general de 3,282 denuncias, de las cuales se logró investigar 1,070 denuncias y de éstas en 260 se constató que hubo vulneración de Derechos Humanos. Cabe destacar que se logró la restitución de derechos en los 260 casos, lo que equivale a un 100% de cumplimiento.
También se realizaron esfuerzos en la promoción y educación en materia de derechos humanos, llevándose a cabo 201 actividades formativas en el año 2017 y 94 de enero a julio del año 2018, para un total de 295 procesos de capacitación a nivel nacional.
Estas actividades consistieron en charlas, talleres, conferencias, conversatorios, foros, encuentros y ferias, entre otras; dirigidas a personas con discapacidad, diversidad sexual, adultos y adultas mayores, mujeres, niños, niñas y adolescentes, facilitadores judiciales, miembros del Ejército de Nicaragua, Policía Nacional y población en general.
EN PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
En materia de Seguridad Ciudadana, nuestra Constitución Política en su artículo 97 señala la naturaleza, modelo y misión de la Policía Nacional, así como su subordinación al Presidente de la República. Esta institución es un cuerpo armado de naturaleza civil y tiene como misión garantizar el orden interno, la seguridad de las personas y sus bienes, la prevención, persecución e investigación del delito y lo demás que le señale la ley, para lo cual se rige por la Constitución Política, su ley y otras leyes que regulan la actuación policial.
En relación con los detenidos en celdas preventivas, que deberían ingresar al sistema carcelario, en el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2017 al 28 de septiembre del 2018, la Policía Nacional remitió 11,984 detenidos a los centros de detención del Sistema Penitenciario Nacional: 10,858 hombres y 1,126 mujeres.
A la fecha, se encuentran en celdas policiales 206 detenidos, que deberían estar en el Sistema Penitenciario Nacional, no obstante, 180 detenidos son investigados por otros delitos y 26 detenidos con trámites administrativos para su traslado a centros penitenciarios.
En el periodo relacionado, la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional recibió 5,429 denuncias, correspondiendo 3,842 al año 2017, y 1,587 al año 2018. Del total de denuncias recibidas, 637 se desestimaron por no constituir infracción administrativa disciplinaria y 1,005 denuncias remitidas a los Jefes de Policía, aplicación del reglamento disciplinario por tratarse de infracciones administrativas leves.
De las 3,787 denuncias investigadas por la Oficina de Asuntos Internos, se concluyeron 3,672, encontrando responsabilidad administrativa en 1,423 denuncias y 2,249 fueron cerradas administrativamente por no determinarse responsabilidad disciplinaria. A la fecha se encuentran 115 denuncias en proceso de investigación.
Del 1 de enero del año 2017 hasta el 28 de septiembre 2018, como resultado de las denuncias investigadas por la Dirección de Asuntos Internos, fueron impuestas 567 bajas deshonrosas a miembros de la Policía Nacional.
De las 1,423 denuncias en que se determinó responsabilidad administrativa, corresponden un 30.78% al no cumplimiento de procedimientos policiales y violación de derechos humanos; un 69.21% a otras situaciones.
Del 1 de enero del año 2017 al 30 de agosto 2018, la Policía Nacional registró en el país 2,173 denuncias por delitos de violación, violación agravada y abuso sexual, con una efectividad de 91.8% de casos esclarecidos.
Las denuncias en referencia, fueron recibidas por la especialidad de Auxilio Judicial de la Policía Nacional que tiene como función conocer, investigar y esclarecer los delitos contra la libertad e integridad sexual que interponen las personas en todo el territorio nacional.
De las 2,173 denuncias, corresponden al delito de:
• 578 Violaciones (182 – 2018 / 396 – 2017)
• 462 Violaciones agravadas (161 – 2018 / 301 – 2017)
• 1,133 Abusos sexuales (334 – 2018 / 799 – 2017)
Del 1 de enero del año 2017 al 30 de agosto 2018, la Policía Nacional registró en el país 306 denuncias por delitos de estupro y estupro agravado, con una efectividad de 97.7% de casos esclarecidos.
De las 306 denuncias, corresponden al delito de:
• 290 Estupros (85 – 2018 / 205 – 2017)
• 16 Estupros agravados (6 – 2018 / 010 – 2017)
Del 1 de enero del año 2017 al 30 de agosto 2018, la Policía Nacional registró en el país 76 denuncias por asesinatos contra mujeres y femicidios, con una efectividad de 76.4% de casos esclarecidos.
De las 76 denuncias, corresponden al delito de:
• 32 Asesinatos (11 – 2018 / 021 – 2017)
• 44 Femicidios (19 – 2018 / 025 – 2017)
Por otro lado, el Estado de Nicaragua cuenta, para la atención integral de la población penal, con un Sistema Penitenciario Nacional que tiene como objetivo reforzar la integración de l@s pres@s en programas de reinserción social y prevención de la reincidencia. El SPN aporta al fortalecimiento de la unidad familiar, mediante la atención con calidad y calidez de las visitas a familiares de intern@s. Asimismo, se garantiza la atención médica y judicial.
Una de las prácticas más relevantes llevadas a cabo por el SPN, está demostrada en los resultados de los trabajos que son fruto del esfuerzo común de sus funcionari@s, quienes realizan cada misión y tarea asignada sin maltrato y tortura a la población penal, garantizando sus derechos humanos. Asimismo, se reciben visitas in situ de organismos de derechos humanos en los diversos centros del SPN, los cuales han constatado la protección y respeto de los derechos humanos.
Al 2 de octubre de 2018, en el SPN se encuentran recluídos un total de 20,918 pres@s (19,841 varones y 1,077 mujeres). En este particular, se ha priorizado el fortalecimiento de una política integral de género.
En cuanto al establecimiento de centros penitenciarios, capacidad de albergue y región geográfica:
• 1,936 en el penal Estelí (1,863 varones y 73 mujeres). Capacidad para 832 pres@s; atiende los departamentos de Estelí, Madriz y Nueva Segovia.
• 2,132 en el penal Chinandega (2,027 varones y 105 mujeres). Capacidad para 1,052 pres@s; atiende los departamentos de León y Chinandega.
• 624 en el penal Integral de Mujeres (todas mujeres). Capacidad para 700 presas; atiende el departamento de Managua.
• 8,621 en el penal Tipitapa (todos varones). Capacidad para 3,692 presos; Centro de referencia Nacional y atiende también el departamento de Managua.
• 268 en el penal de Máxima Seguridad Tipitapa (todos varones). Capacidad para 312 presos; Centro de referencia Nacional.
• 2,348 en el penal Granada (2,223 varones y 125 mujeres). Capacidad para 1,383 pres@s; atiende los departamentos de Granada, Masaya, Rivas y Carazo.
• 2,102 en el penal de Juigalpa (2,053 varones y 49 mujeres). Capacidad para 1,492 pres@s; atiende los departamentos de Juigalpa y Rio San Juan.
• 2,080 en el penal de Matagalpa (2,021 varones y 59 mujeres). Capacidad para 1,518 pres@s; atiende los departamentos de Matagalpa, Jinotega y Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.
• 807 en el penal de Bluefields (765 varones y 42 mujeres). Capacidad para 800 pres@s; atiende el departamento de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.
Entre las políticas del SPN, está la de continuar mejorando la infraestructura y equipamiento de los centros penales del país y en tal sentido, ampliar la capacidad de los centros penitenciarios, mediante la construcción de pabellones y rehabilitar las condiciones de los sistemas hidrosanitarios. Lo que constituye un reto en cuanto a conseguir los recursos para alcanzar las metas.
DEFENSA DE LOS DERECHOS LABORALES
El Estado de Nicaragua, a través del Ministerio del Trabajo, protege y defiende los derechos de los trabajadores, lo que se puede observar en los siguientes datos: se atendieron 16,945 trámites conciliatorios, (11,088 hombres, 5,857 mujeres) de los cuales 13,679 (8,867 hombres 4,812 mujeres) concluyeron en actas de acuerdo entre las partes (trabajador, empleador), lo que representó el 81% de efectividad en las conciliaciones laborales.
En relación con la protección de la niñez, el Ministerio del Trabajo realizó 3,155 inspecciones en materia de trabajo infantil. Se han retirado de los lugares de trabajo 25 niños y 2 niñas y se tutelaron los derechos laborales de 4,645 adolescentes trabajadores (3,070 hombres, 1,575 mujeres) los cuales tienen la edad mínima de admisión al empleo.
En cuanto a la protección de la salud y seguridad laboral, se realizaron 9,550 inspecciones. Asimismo, se registraron 19,622 accidentes laborales, de los cuales 18,410 son leves, 970 graves, 210 muy graves y 32 mortales.
CONCLUSIÓN
En Nicaragua se garantiza el irrestricto respeto y protección a los derechos humanos y constitucionales; por ello Nicaragua ha mantenido una política de mejora continua en la promoción, defensa, tutela y garantía, tal y como se ha expuesto en las prácticas en materia de seguridad ciudadana, defensa de los derechos humanos y los derechos laborales.
Asimismo, el Estado de Nicaragua mantiene de forma permanente su compromiso internacional de adoptar medidas progresivas destinadas al fortalecimiento institucional en materia de promoción y protección de los derechos humanos.
Managua, 12 de octubre de 2018