El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Martínez que regresó a Nicaragua tras una visita a Costa Rica para atender una cita médica, respaldó con su firma la sentencia de la Sala Constitucional que resolvió la litis de las diferentes facciones del PLI, entregando la representación legal al doctor Pedro Reyes.
El magistrado Martínez manifestó que siempre participó de cada una de las sesiones de la Sala Constitucional para analizar el caso planteado, por lo que respalda plenamente cada palabra y cada articulado legal planteado en la sentencia.
Con la presencia de los miembros de la Sala Constitucional, Martínez se adhirió a la sentencia, añadiendo que la misma debe ser acatada por los diferentes poderes del Estado y por los partidos políticos con personería jurídica. La sentencia ha sido firmada por cinco de los seis magistrados que componen la citada instancia jurídica.
“Quiero dejar claro que yo he participado de las deliberaciones de este caso desde que lo abrimos recientemente, no soy ajeno y solamente por razones de salud tuve que salir a Costa Rica, acabo de regresar, pero yo me he formado criterios de cuando hicimos la comparecencia de todos los que recurrieron de amparo contra las resoluciones del Consejo Supremo Electoral y además de ajustado a Derecho, yo creo que también es de justicia”, declaró Martínez tras firmar la sentencia.
Subrayó que la facción a la cual se le concedió la representación legal, está integrada por liberales independientes con amplia trayectoria en el PLI, mientras aquellos que la ostentaron los últimos 5 años son disidentes del PLC o de otros grupos políticos.
“Con toda franqueza siento que se ha cumplido con un deber, ajustado a Derecho y ajustado a la justicia. Se dictó a favor de una directiva que históricamente quedó constituida legítimamente en la última convención real que tuvo el PLI en la ciudad de León hace muchos años y de ahí para acá se v vino en irregularidades”, ratificó el magistrado.
Instó a los facciones que no tienen la razón jurídica ni histórica, a acatar la sentencia, la cual recordó es de ineludible cumplimiento.
“La sentencias son de obligatorio cumplimiento si alguien dice que no la quiere cumplir ese es problema de su fuero interno, pero para afuera, para las autoridades para los poderes del estado competente, el Consejo Supremo Electoral, no creo que haya dicho que no la va acatar”, declaró Martínez.
Rechazó los argumentos de que la sentencia venga a crear «inestabilidad», más bien aseguró que vienen a fortalecer el proceso electoral que se avecina en noviembre próximo.
Martínez fue acompañado en su comparecencia por el magistrado Francisco Rosales presidente de la Sala Constitucional, así como los otros magistrados Rafael Solís, Armando Juárez e Ileana Pérez.
Rosales manifestó que la sentencia está firme para ser acatada en cada una de sus partes, por tanto no crea ningún vacío jurídico.
La sentencia además de otorgar la personalidad jurídica a los miembros históricos del PLI, insta al CSE adecuar el Calendario Electoral del proceso electoral general de este año.