El Procurador General de la República Hernán Estrada anunció este miércoles que fueron anuladas de derecho todas las ventas ilegales de tierras en el Caribe de Nicaragua.
Así mismo anunció la formación de una Comisión llamada «Por la Defensa de la Madre Tierra» integrada por la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la Procuradoría.
Actualmente se están ampliando las investigaciones para enviar a juicio a una red de notarios públicos que se coluden con otros personas corruptas que boicotean el trabajo del Gobierno del Frente Sandinista.
Recordó que en el año 2010 se descubrieron 50 casos de ventas ilegales. Estas son situaciones que grupos adversos promueven cada vez que hay o se acerca una campaña electoral, finalizó Estrada.
COMUNICADO
La Procuraduría General de la República de Nicaragua (PGR) informa a la Ciudadanía, que por Mandato del Presidente de la República, esta Institución ha titulado y reconocido sus Derechos Ancestrales a 23 Territorios Originarios de las Comunidades de las Regiones Autónomas del Caribe Norte y Sur, así como de los Pueblos y Comunidades Étnicas de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, restituyendo y garantizándoles el Derecho de Vivir y desarrollarse bajo las formas de Organización Social que corresponden a sus Tradiciones Históricas y Culturales.
A raíz de los sucesos recientes suscitados en Waspam, Región Autónoma del Caribe Norte, y en virtud del anuncio del pasado 9 de Septiembre del Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra, para que se creara inmediatamente una Comisión Especial de Gobierno que trabajara y profundizara sobre los hechos acaecidos; nos dimos a la tarea al día siguiente, de reactivar dicha Comisión establecida mediante Decreto 13-2015 -de atención Interinstitucional en los Territorios Originarios Afro-descendientes del Caribe y Alto Wangki-Bocay- y que preside la Procuraduría General de la República; incorporando a las Instancias que dieran el acompañamiento necesario al restablecimiento del orden legal especial.
En estricto y fiel cumplimiento de ese Mandato de nuestro Presidente, esta PGR procedió ampliar las investigaciones, a efectos de reestablecer la Paz Jurídica y la Convivencia Social y hacer efectiva la judicialización de todas aquellas personas que resultaren implicadas en hechos delictivos vinculados al tráfico y ocupación de Tierras Comunales Indígenas y otros delitos conexos previstos y sancionados en el Código Penal que han sido dados a conocer; así como apoyar los esfuerzos que realiza el Gobierno para proteger los Recursos de los Pueblos Originarios y de la Madre Tierra y en consecuencia, junto a las Autoridades de la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial, poder ejercer las Medidas que en Derecho resulten pertinentes.
Managua, 22 de Septiembre, 2015