Fue el 27 de junio de 1986 que la Corte falló para que Estados Unidos suspendiera la guerra, el minado y las agresiones contra Nicaragua, las que provocaron en términos materiales pérdidas por alrededor de los 17.000 millones de dólares.
EEUU desde un principio rechazó la jurisdicción de la Corte. Sin embargo, su derrota ante el máximo tribunal internacional es considerada como emblemática y un hito en la lucha revolucionaria nicaragüense y de los pueblos de América Latina y el Caribe.
“Los Estados Unidos de América, al entrenar, armar, equipar, financiar y abastecer a las fuerzas de la contra o de otra manera alentar, apoyar y ayudar en la ejecución de actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, ha actuado, contra la República de Nicaragua, en violación de su obligación según el derecho internacional consuetudinario de no intervenir en los asuntos de otro Estado”, señala la sentencia emitida por ese organismo internacional.
La demanda de Nicaragua fue presentada el 9 de abril de 1984 por el embajador de Nicaragua en los Países Bajos, Carlos Argüello, solicitando abrir proceso judicial contra Estados Unidos por actividades violatorias del derecho internacional, de igual manera se solicitó dictar medidas provisionales de protección, específicamente, que se ordenara el cese inmediato de todo apoyo de Estados Unidos a la contrarrevolución.
Nicaragua pidió a la Corte declarase ilegales todas las actividades encubiertas patrocinadas por el gobierno de los Estados Unidos para contribuir al derrocamiento del gobierno nicaragüense, destacando el ataque perpetrado por unos 6.000 «contras» en territorio nicaragüense en marzo de 1984, el minado de los principales puertos de Nicaragua con el objetivo de aislar económicamente al país y donde resultaron dañados buques de propiedad holandesa, panameña, soviética, japonesa y británica, además del abierto esfuerzo de la administración de Ronald Reagan para obtener 21 millones de dólares con el objetivo de financiar las actividades de los contras.
En el caso, Nicaragua alegó que todas estas actividades violaban el derecho internacional y las cartas de la ONU y la OEA, en particular los principios de: I) no recurrir a la fuerza o a la amenaza de la fuerza en las relaciones con otros Estados, II) no violar la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de cualquier otro Estado, y III) no violar la libertad de los mares o impedir el comercio marítimo pacífico.
Una vez emitido el fallo, se aclaró que armar y entrenar a la contra fueron considerados violación de principios de no intervención y prohibición del uso de la fuerza, así como colocar minas en las aguas territoriales de Nicaragua.
Ante este caso se contabilizan daños económicos causados por la guerra ocasionando pérdidas por17.000 millones de dólares en concepto de destrucción de infraestructura entre puentes, torres de transmisión eléctrica, represas, centros de salud, educación y producción agrícola, así como sus consecuencias económicas y un total de 38 mil víctimas fatales.
Luego de 30 años, Estados Unidos continua sin pagar la indemnización orientada por la AsambleaGeneral de Naciones Unidas en una resolución aprobada, por mayoría absoluta de sus miembros, en noviembre de 1986.