Entre enero y junio de este año, el Tribunal de Familia de Managua recibió 263 solicitudes de “padres” pidiendo modificación o reforma de pensión de alimentos, para que las juezas y jueces les hagan una “rebajita” y no cumplir con la obligación de mantener a sus hijos, después que se separaron de sus ex cónyuges.
El colmo es un caso resuelto esta semana por la doctora Marlene de Fátima Zamora Zepeda, jueza Segundo de Distrito de Familia, ante quien un contador pidió la famosa “rebajita”, alegando que su salario se ha “encogido”, ya que provee alimentos a los hijos de unas amigas, a quienes dio su apellido formalmente para sustentar su demanda.
En su petición, el hombre admitió que no es el padre biológico de los tres menores de mamás diferentes, pero los reconoció como sus hijos ante el Registro Civil, debido a que dichas madres son “amigas de la familia” y “tenían problemas” con los verdaderos padres.
En este caso, en el año 2012, la madre de sus hijas biológicas tuvo que demandarlo para que las niñas pudieran gozar de la pensión; las autoridades judiciales le impusieron entonces el pago del 20 por ciento de su salario, para la hija que hoy tiene 16 años y cursa estudios universitarios; así como 1,500 córdobas para la “cumiche”, ahora de 7 años.
Durante el proceso de reforma de la pensión, el hombre nunca entregó las notas de sus otros tres “hijos registrales” para demostrar que están cursando estudios provechosos en algún centro educativo. Tampoco se presentaron a declarar las supuestas madres incorporadas al juicio como “litis consortes”, a pesar que fueron citadas “para saber si el demandante en verdad estaba proveyendo alimentos”, explicó el fallo judicial.
Para la jueza segundo de Familia de Managua, los tres certificados de nacimiento de los niños que llevan el apellido del demandante, lo que demuestran es que el señor solo es un “padre registral, no un padre proveedor, ya que en razón de las leyes, para respetar el derecho de todos los hijos en cuanto a la porcentualidad de una pensión, debía demostrarse que reciben alimentos, algo que ni sus mamás quisieron testificar ante el juzgado.
En cuanto al argumento de que su salario ha sido disminuido en un 13 por ciento, la judicial tomó como evidencia en contra del mañoso padre, un informe del INSS, el cual establece que en el año 2018 llegó a devengar un salario mensual hasta de 31,000 córdobas.