En los últimos cuatro años, el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) ha cooperado con la Corte Suprema de Justicia, para desarrollar proyectos que han contribuido a cumplir con una meta principal del Plan Estratégico Decenal 2012-2021.
Esa meta del Poder Judicial se refiere a que los juzgados penales garanticen el acceso y tutela de los derechos de las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas discapacitadas, poblaciones indígenas, grupos étnicos, afro descendientes, victimas y sobrevivientes de violencia de género, entre otras personas en situación de vulnerabilidad.
UNICEF ha trabajado de la mano con el Poder Judicial, contribuyendo al proceso de fortalecimiento de capacidades, a través de cursos, diplomados y talleres impartidos a 1,104 funcionarios de este poder del Estado, que a diario tratan con el tema de violencia.
Los beneficiados de estos cursos fueron 133 jueces de 108 municipios; 107 secretarios de los juzgados especializados en violencia, familia y adolescencia de Managua, la Costa Caribe Norte y Sur; 75 psicólogas de los equipos interdisciplinarios adscritos a estos juzgados.
También son protagonistas 312 forenses del Instituto de Medicina Legal (IML); 48 defensoras y defensores públicos; 400 facilitadores judiciales y 29 divulgadores del Poder Judicial, que mejoraron el abordaje informativo en la redacción de noticias referida a la violencia sexual.
La doctora Alba Luz Ramos Vanegas manifestó que “el Poder Judicial privilegia en su transformación no sólo la oralidad procesal, la tecnología o la infraestructura judicial, sino la gestión del talento humano pues es lo que permite que cada persona acceda a la justicia desde el buen trato, en especial para aquellos grupos en estado de vulnerabilidad”.
Con la contribución técnica y financiera de UNICEF para la formación especializada del personal jurisdiccional y administrativo “estamos convencidos que con ello se mejora la prevención y sanción de la violencia, se genera información y orientación al público que acude a los servicios judiciales… facilitando un mayor acceso a la justicia”, agregó.
El apoyo de este organismo ha contribuido con la Oficina Técnica para el Seguimiento del Sistema Penal Adolescente (OTSSPA), mediante el desarrollo de tres ediciones del Diplomado sobre metodologías creativas, sistémicas y de habilidades para la vida, acreditado por el Instituto de Altos Estudios Judiciales (IAEJ).
UNICEF ha trabajado de la mano con el Poder Judicial, contribuyendo al proceso de fortalecimiento del talento humano, a través de cursos, diplomados y talleres impartidos a 1,104 funcionarios judiciales que a diario tratan con el tema de violencia.
En estos talleres participaron 49 funcionarios de los Equipos Interdisciplinarios y de la Oficina de Ejecución y Vigilancia de las Sanciones Penales para Adolescentes (OEVSPA) y 26 responsables de dirección de las distintas áreas del IAEJ.
La magistrada Ramos indicó que la metodología de estos cursos fue replicada con 277 adolescentes en cumplimiento de medidas y 14 autoridades penales de distrito que atienden a este grupo; “el método dio lugar a la publicación de un instrumento con el mismo nombre y que ha servido de base para el seguimiento a las y los adolescentes en conflicto con la Ley”.
Recientemente el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia donó a la OTSSPA 1,579 paquetes para la prevención del COVID19, que han sido distribuidos a los adolescentes en conflicto con la justicia.
Además, con el IML se realizó un estudio sobre la situación de violencia contra la niñez y adolescencia, algunos de estos datos se presentaron en un foro mundial en Dubái; se elaboraron y actualizaron normas; se realizaron encuentros científicos nacionales e internacionales que contribuyen a mejorar el acceso pericial, la generación de datos y evidencia mediante el fortalecimiento del sofware GALENO (sistema en línea para médicos).
La doctora Alba Luz Ramos mencionó que “este año se está trabajando para fortalecer las capacidades técnicas de las y los funcionarios de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, para la implementación de las 100 Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, con énfasis en niñas, niños y adolescentes”.
Desde el 2016, UNICEF ha colaborado en distintos proyectos con la CSJ y este 4 de agosto realizó la entrega de los protocolos estandarizados de actuación judicial para procesos penales; sobre abordaje integral y valoración médico legal; de la Defensora y Defensor Público en atención integral; estas tres instituciones especializadas en delitos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.