El Consejo de Nacional Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua (CNACJ) suspendió en el ejercicio de la profesión de Abogacía y Notariado por un periodo de 5 años, a la licenciada Andrea del Socorro Urbina Méndez, como respuesta a las quejas interpuestas por ocho ciudadanos.
Mediante la sentencia número 163, las autoridades del Poder Judicial resolvieron con lugar a las quejas interpuestas por Domingo Dávila López, José Manuel Martínez Ruíz, Oscar Danilo Oliveira Osorio, Agustín López Arauz, Ana María Herrera, Jorge Luis Rodríguez González, Marcos Altamirano y Elia Ivania Salgado Rivera.
En el proceso administrativo en contra de la licenciada Urbina, la magistrada miembro del CNACJ, doctora Juana Méndez Pérez, se inhibió de conocer el caso ya que los afectados en sus quejas afirmaban que la suspendida se hacía pasar como familiar de la alta funcionaria judicial para intimidarlos.
Luego de un proceso de investigación por parte de la Dirección de Inspectoría Judicial de la CSJ, los magistrados decidieron suspender de su cargo a Urbina Méndez como respuesta a 8 de las 9 quejas que existen en su contra.
De igual manera el CNACJ sustentó su decisión amparada en el Artículo 6, inciso 18 de la Ley de Carrera Judicial, donde se señala que están habilitados para resolver las quejas que cualquier ciudadano presente en contra de los Abogados y Notarios en el ejercicio de su profesión, imponiendo las sanciones que sus infracciones merezcan.
La suspensión se hizo efectiva a partir del día 14 de abril del presente año, y en ella se ordena que se notifique al Ministerio Público y a la Policía Nacional dicha suspensión.
La resolución establece que en el supuesto de que existiere responsabilidad civil o penal, se deja a salvo el derecho de los quejosos para que hagan uso de la vía correspondiente.
Igualmente ordenan a la abogada que haga entrega de todos sus protocolos notariales conformados, desde la primera autorización que extendiera el Supremo Tribunal para cartular, así como el sello de abogada y notaria pública autorizada ante la Dirección de Registro y Control de Abogados y Notarios Públicos.