El estado de emergencia implica el encierro permanente de los reclusos, así como la suspensión de visitas íntimas y familiares durante quince días.
Los líderes de las pandillas fueron trasladados de otras cárceles hasta el penal de Quezaltepeque a 25 kilómetros al oeste de la capital, al ser identificados por las autoridades como los principales responsables de estar ordenando crímenes y todo tipo de hechos delictivos desde las cárceles.
«Van estar sometidos a un régimen de mayor seguridad, de mayor control para garantizar el cese de la comunicación desde el interior del sistema (penitenciario), partiendo que han sido identificados como los principales involucrados en realizar la comunicación hacia afuera, en dirigir y coordinar las actividades ilícitas de los miembros de sus grupos delincuenciales», dijo en conferencia de prensa el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde.