La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el pasado lunes la «Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas», una normativa que, según el Gobierno, busca defender a los ciudadanos y las instituciones del país frente a sanciones y agresiones provenientes de Estados, gobiernos u organismos extranjeros.
La legislación, que declara la inaplicabilidad de las sanciones externas, establece en su artículo cuarto que «se declaran nulas y sin efecto jurídico alguno las sanciones impuestas por Estados, grupos de Estados, gobiernos u organismos extranjeros que violen el derecho internacional».
Asimismo, enfatiza que dichas sanciones «carecen de validez y aplicabilidad en todo el territorio nacional, independientemente de su naturaleza o alcance».
Además, la normativa prohíbe que cualquier entidad o persona, bajo el argumento de sanciones externas, pueda «negar o suspender la provisión de bienes y servicios privados y públicos, sean estos comerciales y financieros, a las personas naturales y jurídicas, entidades privadas e instituciones del Estado».
La ley también otorga al Estado nicaragüense la facultad de imponer sanciones y multas a las entidades bajo su regulación que vulneren los derechos de los usuarios y consumidores al aplicar sanciones. Entre las medidas que se podrán tomar contra los infractores están la suspensión temporal o definitiva de sus operaciones, según lo estipulado en el marco regulatorio nacional.
Durante la sesión legislativa, el diputado Walmaro Gutiérrez calificó la aprobación de la ley como un hito para la soberanía nacional.
«Escribe en letras de oro unas de las páginas más hermosas dedicadas a la soberanía, a la independencia y a la autodeterminación de nuestro país», afirmó.
Cabe destacar que, el pasado viernes, la Asamblea Nacional aprobó en primera legislatura una reforma parcial a la Constitución Política, la cual, según las autoridades, moderniza y actualiza el marco estatal para fortalecer la independencia, la soberanía y la lucha contra la pobreza en Nicaragua.