Así lo dio a conocer el embajador de Costa Rica en Nicaragua, Javier Sancho, y el Organismo de Investigación Judicial de ese país, indicando que toda la documentación del quíntuple crimen y en el que el principal sospechoso es el nicaragüense Michael Adrián Salmerón Silva fueron entregados al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua.
Salmerón Silva fue capturado el pasado viernes en la comarca Las Mojarras, en el municipio de San Francisco Libre, departamento de Managua, por la Policía Nacional tras ser circulado por la Policía Internacional (INTERPOL).
«Ya todo fue entregado por la vía diplomática a la Cancillería de Nicaragua, este domingo, se entregó el expediente correspondiente con las pruebas y la orden de captura internacional girada en Costa Rica”, aseguró el embajador Sancho.
Agregó que desde el viernes se entregó el expediente al cónsul de Nicaragua en Costa Rica, para que se hicieran los trámites, con todas las solicitudes correspondientes, indicó por su parte el Organismo de Investigación Judicial, que realizó toda la investigación del múltiple crimen.
Michael Adrián Salmerón Silva, de 26 años, es el principal sospechoso de matar a cuchilladas al estadounidense DirkBouchamp, de 58 años, a su pareja costarricense Yeimy Durán, de 39, y a tres de los hijos del matrimonio de 12, 8 y 6 años, en la comunidad de Matapalos, provincia de Guanacaste, Costa Rica.
Asimismo es señalado de herir gravemente a otra hija de la pareja, de 4 años, quien se encuentra ingresada en el Hospital Nacional de Niños, en San José.
En la casa del matrimonio, donde se cometió el quíntuple crimen, fue encontrada ilesa una bebé de seis meses, la que ya fue dada de alta de un hospital de la capital Josefina.
Se espera que en las próximas horas Michael Salmerón, quien está preso en la Dirección de Auxilio Judicial en Managua, sea llevado a los juzgados tras ser analizada por el Ministerio Público de Nicaragua toda la documentación enviada por las autoridades de Costa Rica.
El nicaragüense deberá ser juzgado en nuestro país porque la Constitución Política prohíbe la extradición de sus ciudadanos.