El Ministerio Público de Nicaragua anunció el día de hoy que continúa el proceso de investigación contra la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) y su Junta Directiva.
Ellos incumplieron gravemente con sus obligaciones ante el Ministerio de Gobernación (MIGOB) y podrían estar cometiendo actividades ilícitas, según el comunicado número 013-2021.
El pasado 11 de junio se presentaron ante el Ministerio, en calidad de investigados, la señora María Antonieta Fiallos Gutiérrez, Presidenta de la Junta Directiva de FUNIDES; el señor Federico José Sacasa Patiño, Director Ejecutivo de FUNIDES.
Fiallos y Sacasa fueron acompañados por sus abogados, respondieron las preguntas que se les realizaron y luego de firmar el acta, procedieron a retirarse.
Fundación Violeta Barrios
En el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro el pasado viernes se presentó el señor Edgard Francisco Parrales Castillo y el día de hoy los señores Emma Marina López y el señor Pedro Salvador Vásquez Cortedano. Ellos brindaron su testimonio, firmaron el acta y se retiraron.
Todas las personas citadas están vinculadas a las fundaciones Violeta Barrios y FUNIDES; y están siendo investigadas por tener indicios de haber atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley No. 1055; y por haber recibido recursos económicos financiados por fuentes extranjeras.
Ampliación de investigación contra Dora María Téllez y Tamara Dávila
Este lunes se presentó un escrito de solicitud de audiencia especial de garantías constitucionales para pedir la ampliación del período de investigación y detención judicial en contra de Daysi Tamara Dávila Rivas y Dora María Téllez Argüello.
Ambas son investigadas por haber atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley No. 1055.
Además presuntamente han realizado actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación de Nicaragua y han incitado públicamente en foros nacionales e internacionales a la injerencia extranjera en los asuntos internos, proponiendo o gestionando bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones y han demandado, exaltado y celebrado la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos.
Las solicitudes fueron admitidas por la judicial y se dictó una detención judicial por 90 días para ambas investigadas.
El Ministerio Público ha respetado durante todo el proceso los derechos constitucionales de las personas citadas e investigadas.
Además se encuentra al servicio de las víctimas y de la sociedad nicaragüense, velando por la objetividad y calidad de la investigación de hechos punibles en el proceso penal, contribuyendo de esta manera a la seguridad y el respeto de las normas de convivencia pacífica.
Como representante de las víctimas y de la sociedad nicaragüense, se encuentra al servicio del pueblo; y como parte del sistema de justicia penal continuará realizando las diligencias que le corresponden conforme ley.