Títulos Universitarios en Nicaragua no podrán valer más de C$ 1,500

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Los diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron este jueves una Ley de Reconocimiento de Estudios, Títulos, Diplomas y Grados, y otra relacionada con el fortalecimiento de la calidad de la educación en Nicaragua.

La Ley de Reconocimiento de Estudios, Títulos, Diplomas y Grados, fue aprobada con 84 votos a favor y actualiza la legislación nacional para el registro de estudios otorgados por instituciones de educación superior del país, y establece los procedimientos de reconocimiento de estudios en el extranjero.

La Ley también permitirá abaratar los costos de titulación y grados académicos en instituciones públicas y privadas autorizadas por el CNU.

“Las universidades, Instituciones de Educación Superior o Centros de Educación Técnica Superior podrán establecer un costo para la emisión y/o reposición del título de grado, el que no podrá exceder de 1 mil 500 córdobas. Más los cobros de aranceles por derecho de graduación los que no podrán exceder a la mitad del valor del título”, leyó la diputada Loria Raquel Dixon.

“Con la aprobación de esta Ley estamos restituyendo el derecho a los estudiantes nicaragüenses al facilitar y abaratar los tramites de titulación, lo que permitirá facilitar su inserción laboral”, expresó la diputada Ángela Espinoza, vicepresidenta de la Comisión de Educación.

En tanto, el diputado José Antonio Zepeda, presidente de la Comisión de Educación, explicó que lo que se hace es regular.

“Un título va a tener un valor, sea en una universidad pública o privada, de un máximo de 1 mil 500 córdobas y el estudiante no está obligado a participar en un acto de graduación, por lo tanto no podes cobrarle acto de graduación si él no quiere participar”, afirmó.

También en la Asamblea Nacional fue aprobada una reforma a la Ley Creadora del Sistema Nacional para el Aseguramiento de la calidad de la Educación y Reguladora del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación.

“Esta reforma viene a dar una garantía jurídica a los procesos ya establecidos, porque en la Ley se establecen los procedimientos y mecanismos (inclusive) en aquellos casos que tengan que cancelarse o cerrarse universidades que no cumplan con los requisitos mínimos”, explicó el profesor José Antonio Zepeda.

Con esta Ley se persigue garantizar la calidad de la educación superior y agilizar los procesos de acreditación de las universidades.

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