En conmemoración del Día Mundial Contra la Trata de Personas, que se conmemoró este viernes 30 de julio, el Poder Judicial, a través de la Secretaría Técnica de Género, reitera su compromiso de garantizar una atención integral a las víctimas de este delito, garantizando un acceso efectivo a la justicia penal con enfoque de género.
Para combatir este flagelo mundial, Nicaragua cuenta con la Ley 896, Ley Contra la Trata de Personas, aprobada y publicada en el año 2015.
En ella se establece como objeto de la ley, la prevención, investigación, persecución y sanción del delito de trata de personas, así como la protección y atención integral a las víctimas, protección particular a los testigos, técnicos, peritos y demás sujetos que intervienen en la investigación y el proceso penal.
La ley detalla mecanismos específicos y efectivos para la salvaguarda, tutela y restitución de los derechos de dignidad, libertad, integridad, salud, educación y la seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de las mismas, especialmente para niñas, niños, adolescentes y cualquier persona en condición de vulnerabilidad, cuando sus derechos sean amenazados o lesionados por la trata de personas.
La ley se fortaleció mediante la conformación de la Coalición Nacional Contra la Trata de Personas, que es la encargada de la articulación y coordinación interinstitucional, promoviendo los mecanismos para el abordaje integral de este delito.
Esta coalición es un esfuerzo integral que aglutina a 25 instancias gubernamentales y organismos no gubernamentales, que en los últimos años impulsó actividades de prevención y divulgación para 467 mil 863 personas y capacitaciones a 44 mil 232 funcionarios públicos.
Como parte de los esfuerzos gubernamentales, se crearon mecanismos para la atención de las víctimas, entre los que se destaca: el “Protocolo de Repatriación de Víctimas de Trata de Personas de Nicaragua” y la “Estrategia Nacional para la Atención y el Acompañamiento a Víctimas de Trata de Personas en Nicaragua”, en los que se plantean los lineamientos regionales para la inclusión social de las y los sobrevivientes de la trata de personas en las Américas.
Según datos suministrados por la Secretaría Técnica de Genero, entre el periodo 2019-2020 se investigaron 30 casos por delito de Trata, de los cuales 22 se judicializaron.
Como resultado de esos procesos judiciales, se logró detener y procesar a 20 personas que resultaron culpables del delito; se rescataron 73 víctimas (13 hombres y 60 mujeres, de las cuales 10 eran infantes, 28 adolescentes y 35 adultos).
Uno de los objetivos principales del Poder Judicial es fortalecer de forma integral el sistema de justicia penal nicaragüense, en la lucha contra la trata de personas.
La trata de personas consiste en reclutar, transportar y retener a una persona mediante el uso de la fuerza, la coerción o el engaño, con el fin de explotarla.
La explotación no solo se da con fines laborales o sexuales, sino también para mendigar, para el tráfico de órganos, matrimonios serviles y adopciones ilegales, según la definición de la Organización de Naciones Unidas en el artículo 3 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas.