La Ley 977 “Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva” aprobada por la Asamblea Nacional, no reprime manifestaciones y su proceso de elaboración inició hace más de un año, explicó el doctor Julio Cesar Arias Roque, Juez Quinto de Distrito Penal de Audiencias de Managua.
El doctor Arias Roque recordó que la ley se venía discutiendo desde el año 2017 con la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua y otros organismos e instituciones financieras del país.
Le ley define que un terrorista “es aquella persona que de manera individual o respondiendo a los intereses de una organización, realiza crímenes, lesiones graves contra las personas, incendios, destrucción de los bienes públicos o privados”, explicó el funcionario.
El judicial aseguró que no se ha acusado a nadie por participar en una manifestación política, pero sí a las personas que han causado destrucción de propiedades públicas y privadas, muerte de ciudadanos, pánico o zozobra en la población, “que es justamente lo que se conoce como terrorismo”.
“Se dice que la ley está criminalizando la protesta civil, pero en ninguna de las acusaciones de la Fiscalía se ha acusado a nadie por llevar agua a un tranque o por participar en una marcha, sino por actos que han llevado a la muerte de personas y daños a la propiedad”, afirmó el juez.
Explicó que en las negociaciones con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el año 2017, éste advertía que de la manera en que estaba formulado el delito de terrorismo, Nicaragua no podía colaborar con el resto de países que tenían formulado ese tipo penal de otra manera.
“Las reformas a esa ley jamás fueron motivadas por la coyuntura reciente, únicamente pretendíamos modificarla adecuarnos a los estándares internacionales para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo”, dijo el judicial, uno de los expertos que participó en las consultas para la elaboración del proyecto de ley.
El anteproyecto de la Ley 977 ingresó al órgano legislativo, el 13 de marzo del corriente, mucho antes de la pasada crisis sociopolítica.
Agregó, “es importante hacer esa aclaración, lo que discutíamos era cómo reformar el artículo relativo al financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero, la modificación no tiene nada que ver con las últimas protestas”.
En la reforma a la ley contra el lavado de dinero, la pena por el delito de financiamiento al terrorismo oscila entre 15 y 20 años de prisión, la misma sanción establecida en el Código Penal.
“Muchos creen que con la reforma se aumentó las penas por esos delitos, sin embargo pese las exigencias del GAFI para aumentarlas, el Gobierno y la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional se opusieron rotundamente”, explicó el Juez quinto de distrito penal de audiencias de Managua.
“La Ley no ha aparecido antojadizamente o por una coyuntura política social específica, sino que nace a partir de las evaluaciones de los últimos dos años, que el GAFI realiza de manera permanente en Nicaragua”, explicó el doctor Arias Roque.