El Gobierno de Nicaragua rechazó el día de hoy el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación actual del país, presentado en la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El Canciller de la República compañero Denis Moncada expresó que «el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional rechaza de manera integral dicho informe presentado por la CIDH, por considerarlo subjetivo, sesgado y notoriamente parcializado».
El canciller refirió que el informe analiza las protestas ocurridas el 18 de abril, en las cuales no resultó ninguna persona fallecida. Sin embargo, los medios de comunicación, manipulando la información, publicaron una noticia falsa sobre el fallecimiento de un estudiante universitario en la Universidad Centroamericana (UCA), el cual nunca existió”.
“La información sirvió como detonante de los hechos acaecidos a partir del 19 de abril. Grupos interesados en la desestabilización y ruptura del orden constitucional de Nicaragua, ajenos a la reivindicación social, dieron lugar a partir de ese día a las asonadas que devino en estragos, incendios, saqueos y motivos”, refirió.
Moncada manifestó que el Estado de Nicaragua expresa categóricamente su posición sobre los hechos que analiza la CIDH, los cuales no se dan en el marco de protesta social, sino en el marco del intento de una ruptura constitucional e institucional, para cambiar por la vía de hecho a las autoridades y al gobierno legítimamente electo.
“A partir de esa noticia falsa se comienza a desarrollar el plan preconcebido de la asonada política con la participación de pandillas armadas, lo que provocó que el día 19 acaecieran tres muertos, entre ellos un policía que murió por disparo de arma de fuego mientras restablecía el orden público y la libre circulación en los alrededores de la Universidad Politécnica de Nicaragua, Upoli”, dijo.
Explicó que simultáneamente ese patrón delictivo se replicó en algunas de las principales ciudades del país, lo que reveló la existencia de una planificación y organización previamente diseñada y financiada.
“El Gobierno de Nicaragua reafirma que no es política de Estado la represión de protestas sociales y menos el uso excesivo y arbitrario de fuerzas por parte de la policía nacional. Rechazamos las recurrentes, ligeras e infundadas afirmaciones de condena de denuncias hechas contra del Estado y Gobierno de Nicaragua, y en particular en contra de la Policía Nacional a la que alude el informe de la CIDH”, sostuvo.
El Canciller Moncada, indicó que el informe presentado por la CIDH, hasta el 6 de junio, sobre fallecidos atribuidos al Estado, no está ajustado a la realidad, porque se reportó a esa fecha 98 fallecidos vinculados a esa coyuntura, entre los cuales hay también policías, ciudadanos sandinistas y población en general.
“No todos los fallecidos son atribuibles a la situación que se estaba viviendo en ese momento, ya que algunos de ellos fueron por causas ajenas a los sucesos que están siendo investigados por las autoridades competentes”, dijo.
Expresó que los 143 fallecidos señalados por este informe no han sido debidamente investigados y verificados por la CIDH, ya que en la realidad se han manifestado varios ciudadanos afirmando que sus identidades han sido utilizadas, haciéndolos parecer como fallecidos, y otros muertos han sido por diferentes causas ajenas a los sucesos.
“En este informe se omiten deliberadamente todos los ataques armados, asedios, hostigamientos y secuestros de los que han sido y siguen siendo objeto las delegaciones de la Policía Nacional, las que por decisión del Presidente de la República y a su solicitud de la Mesa del Diálogo fueron reconcentrados en sus unidades, como ocurrió en Matagalpa, Jinotepe, Masaya, León, Jinetega, Diriamba, Sébaco, Nagarote, Nindirí, entre otros; también la masacre y secuestro de Policías en Mulukuku y El Jicaral”, detalló.
El Canciller de la República de Nicaragua, refirió ante el Consejo Permanente de la OEA, que la concentración de la Policía en sus unidades ha generado un libre accionar de los delincuentes trayendo como consecuencia de los elementos la actividad delictiva.
“Cabe destacar que la CIDH hace caso omiso de los derechos humanos y constitucionales, como el derecho al trabajo y la libre circulación de las personas a recibir atención en salud, así como el derecho a la libre circulación, alimentación y educación”, expresó.
Indicó que en este reporte de la CIDH también se omite la destrucción, incendio y saque de instituciones públicas, edificios municipales, unidades de policía, instalaciones del Frente Sandinista de Liberación Nacional y de viviendas de dirigentes del FSLN y funcionarios públicos; además de la destrucción y saqueo de ambulancias, centros de salud, clínicas móviles, casas maternas, escuelas, equipos y maquinaria de las alcaldías.
“La mayoría de las fuentes de información que cita la CIDH provienen de agencias y medios de comunicación adversos al Gobierno, cuyas noticias son falsas y manipuladas”, reiteró.