Juez obliga a jubilado pagar pensión a hijo con discapacidad tras capear bulto 28 años

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Los procesos de familia entrañan historias que no dejan de asombrar por la heroicidad de las mujeres que “se la juegan” por sus hijos, y casos como el de un hombre que pasó 28 años evadiendo el pago de la pensión de alimentos para un hijo discapacitado, hasta que un juez lo obligó a asumir la responsabilidad con el dinero de su jubilación.

Al enfrentar el juicio, el hombre tuvo la desfachatez de pedir al juez que ordenara un examen de ADN para el muchacho, a sabiendas que en 1992 él lo reconoció legalmente cuando vino al mundo con dos hermanos más, durante un parto múltiple de una madre que hizo de tripas corazón sin el mínimo apoyo de su pareja.

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La mujer de esta historia, licenciada en Educación y abogada, es la misma que al verse con tres bebés que alimentar vendió su carro, los muebles, el televisor y otros artículos de la casa, para conseguir dinero y comprar los alimentos y las medicinas de los trillizos, ya que uno nació con “soplo” en el corazón y el otro con retardo sicomotor, microcefalia y autismo.

“Más de una vez los taxistas me llevaron gratis al hospital, porque no tenía ni para el pasaje; salir de madrugada con el niño convulsionando y llevando a los otros dos conmigo porque no los podía dejar solos en casa; fue duro”, recuerda la señora de iniciales I.G.A., quien aplaudió a la justicia de Familia.

En abril pasado, la abogada presentó la demanda con acciones acumuladas de declaración de incapacidad, tutela y alimentos, y recientemente el juez Quinto de Distrito de Familia, doctor Diego Manuel Arana Castillo, ordenó que el demandado entregue el 16.66 por ciento de su pensión de vejez a la madre del joven.

La autoridad judicial consideró que de la pensión de vejez, el “padre” debe pagar alimentos por un monto del 16.66 por ciento, porque otro porcentaje igual corresponde a una hija mayor de edad, de otra relación, que aún cursa estudios en la universidad.

Asimismo, ordenó que el Instituto de Seguridad Social incluya al joven autista en las asignaciones familiares, para que goce de los mismos derechos y beneficios de los demás hijos del deudor alimentario.

Asimismo dispuso el judicial que el joven autista reciba el mismo porcentaje deducible del treceavo mes, y que su padre asuma el 50% de los gastos extraordinarios que la salud pública no cubre, y le provea de vestuario y calzado en los meses de abril, agosto y diciembre, por un mil córdobas en cada entrega.

En el proceso judicial también se resolvió favorablemente a favor de la demandante, designándola como tutora, representante legal y responsable de administrar los bienes del tutelado, entre otras cosas.

Con 28 años de vida, uno de los trillizos es arquitecto, el otro es licenciado en Mercadotecnia y el que motivó la demanda de declaración de incapacidad judicial, toca las panderetas en el coro de una iglesia y sigue desarrollando habilidades gracias al régimen de terapias que su madre le ha proveído desde pequeño.

I.G.A. relató que tres años después que los trillizos nacieron, demandó por alimentos al hombre que los engendró y aunque logró que en esa oportunidad la justicia le concediera el pago del 35 por ciento de pensión, el demandado sólo cumplió unos cuantos meses, luego renunció al trabajo y poco después, desapareció.

Aseguró que a 28 años del nacimiento de sus hijos, se animó a demandar la pensión de alimentos para el que tiene autismo, porque por su condición tiene derecho a recibir atención y protección de por vida y porque percibe que ahora hay más sentido de justicia para los más vulnerables.

“Él creyó que por estar jubilado podía seguir huyendo de su obligación”, dijo la señora de iniciales I.G.A.


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