Fue a hacerse un PCR de COVID-19 y la factura que le llegó a su casa lo dejó helado: 56 mil dólares

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Traves Warner fue con su esposa a realizarse el test para saber si era positivo y recibió la desopilante cuenta unas semanas después. Por qué el cargo puede ser considerado “correcto”

Travis Warner es un empresario de tecnología en Texas que se dedica desde hace años a instalar conexiones de internet y sistemas de video en su ciudad. Con la llegada de la pandemia de coronavirus, y el repentino aumento de gente trabajando desde sus casas, el nivel de demanda de sus servicios creció exponencialmente.

Sin embargo, esto significó que Warner y sus empleados visitaran las casas de sus clientes todos los días, exponiéndose al riesgo de contagio cuando el nivel de circulación del virus estaba en alza y alcanzando sus puntos más altos. Hasta que un día ocurrió lo inevitable: uno de sus empleados resultó positivo de COVID-19.

En ese momento se aisló preventivamente junto a su esposa y, pasados los días correspondientes, fueron en busca de un test PCR y antígenos para saber si tendrían que mantenerse en aislamiento o no. Esto no fue una tarea fácil ya que debido a la alta demanda y a la falta de pruebas tuvieron que irse hasta otra ciudad de Texas para realizárselos. Allí, en Lewisville, se realizaron tanto el PCR como el de antígenos.

A los pocos días llegó el alivio, los resultados de ambos habían dado negativo. Pero luego, todo cambió: llegó la factura médica. El cargo por ambas pruebas -PCR y antígenos- de Warner fue de 54.000 dólares, que sumados a otros cargos del hospital cerraban la cuenta final en ¡56.384 dólares!

De todas formas, una legislación aprobada por el congreso de Estados Unidos el año pasado eximía a los particulares de tener que afrontar los costos de los tests de coronavirus y hacía responsable de la totalidad de los pagos a las empresas de seguro. Esta decisión se tomó para evitar que las personas no se hagan los testeos necesarios por temor a su costo. Por ende, se estableció que mientras durara la emergencia sanitaria -vigente hasta mediados de octubre por el momento-, las empresas de seguro médico debían hacerse cargo del costo completo de las pruebas.

Si bien la medida estuvo pensada para ayudar a los pacientes, terminó dándole una especie de vía libre a los servicios médicos a cobrar precios exorbitantes por tests que de otra forma serían más baratos. Pueden hacer esto no solo porque las empresas de seguro están obligadas a pagar la totalidad del costo, sino también, y sobre todo, porque el paciente al no sentirse perjudicado por esto lo deja pasar sin involucrarse demasiado.

Sin embargo, es perfectamente legal lo que se pretendió cobrar a Warner. Para las pruebas de COVID-19 -como muchas otras cosas en la atención médica estadounidense- no hay límite para lo que los proveedores pueden cobrar, explicó Loren Adler, directora asociada de la USC-Brookings Schaeffer Initiative for Health Policy. Para los proveedores dentro de la red, las aseguradoras pueden negociar los precios de las pruebas, y para los proveedores fuera de ella, generalmente están obligados a pagar cualquier precio que los proveedores indiquen públicamente en sus sitios web

Esto no fue así en el caso de Warner. Él, al ver el desmesurado precio en su factura y en particular después de compararlo con el de su esposa -que se realizó los mismos tests, el mismo día y en el mismo lugar pero recibió una factura de 2.000 dólares- decidió hacer algo al respecto. Luego de numerosas llamadas telefónicas con el centro de salud y su centro de facturación, y luego de una espera que duró meses, recibió un correo de su aseguradora que le afirmaba que habían auditado la factura y habían recuperado casi todo el dinero que habían pagado originalmente, de acuerdo a NPR.

El centro de emergencias SignatureCare Emergency Centers, si bien no hizo comentarios sobre este caso específico, explicó que tienen un margen de error del 2% a la hora de facturar y que, debido a la pandemia, este último año habían recibido una “demanda sin precedentes” y procesaban miles de operaciones por día; adjudicando el monto a un error involuntario. Ahora, en su página web publican que el costo del test de COVID-19 cuesta 175 dólares, un número algo menor al que le quisieron cobrar a Warner.

Así fue como Travis Warner, gracias a sus ganas de involucrarse, le ahorró a su aseguradora decenas de miles de dólares y quizá haya evitado que a otros les ocurra lo que le pasó a él.

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