La Conferencia Episcopal costarricense, el arzobispo José Rafael Quirós Quirós así como la Arquidiócesis de San José fueron condenados este martes por encubrir los abusos sexuales del ex sacerdote católico Mauricio Víquez Lizano.
El Tribunal Segundo Colegiado de Primera Instancia Civil del Primer Circuito Judicial de San José condenó a las máximas autoridades de la Iglesia Católica de Costa Rica por el daño moral contra un hombre de apellido Muñoz, quien fue víctima del ex cura.
El pasado 30 de marzo este curita fue condenado a 20 años de cárcel por el delito de violación y otro de abuso sexual en contra de una persona que para el momento en que sufrió las vejaciones era menor de edad.
Este tribunal acumula varios procesos en contra del sacerdote Viquez Lizano, quien ocupó altos cargos dentro de la jerarquía católica del país del sur.
Las denuncias ocurrieron entre los años de 1996 y 2003, cuando Mauricio Víquez abusó sexualmente de varios menores de edad que en su mayoría eran monaguillos en las iglesias que dirigía.
En el caso de la víctima Muñoz su causa prescribió por la vía penal junto a otro hombre de apellido Venegas y otro de apellido Rodríguez quienes mantuvieron las denuncias civiles contra la Iglesia por el delito de encubrimiento.
La iglesia deberá indemnizar con 65 millones de colones, el equivalente a más de 100 mil dólares estadounidenses, además de los intereses y los costos generados por el juicio que suman 10.6 millones de colones (16 mil dólares).
Las denuncias contra de aberrante actos cometidos por miembros de la Iglesia Católica costarricense empezaron a hacerse públicos en el año 2018 y fueron notificadas a la Iglesia.
Sin embargo sus altas autoridades alertaron a Víquez a finales de ese año para que huyera del país el pasado 9 de enero del año 2019 rumbo a México, donde estuvo escondido hasta que fue capturado.
Fue una llamada anónima a la justicia mexicana la que alertó sobre su paradero en la ciudad de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, permitiendo que la Interpol lo arrestara tras emitir una alerta roja en su contra desde el 11 de abril de ese mismo año.