La llamada Autonomía Escolar, impulsada por los gobiernos neoliberales para legalizar cobros arbitrarios en los colegios públicos del país, quedó eliminada ayer con la publicación en La Gaceta, de la derogación de la Ley 413 “Ley de Participación Educativa y su Reglamento”, aprobada el 7 de febrero de 2002.
De la misma manera se derogó el Decreto No. 46-2002, Reglamento de la Ley de Participación Educativa, aprobado el 14 de mayo del 2002.
La Constitución Política establece que el acceso a la educación es libre e igual para todos los nicaragüenses, la enseñanza de primaria y secundaria es gratuita y obligatoria en los centros del Estado, sin perjuicio de las contribuciones voluntarias que puedan hacer los padres de familia.
En los gobiernos neoliberales se aprobó la ley que permitió que se realizarán cobros a los padres de familia en concepto de “aportes voluntarios” con carácter obligatorio, hecho que vulneraba la disposición establecida en el artículo 121 de la Constitución Política.
A partir del 2007, el Gobierno sandinista ha venido garantizando el goce del derecho humano fundamental a la gratuidad de la educación en los centros públicos de enseñanza y ampliar la cobertura del servicio educativo a todas y todos los nicaragüenses, prohibiendo los cobros de aportes voluntarios en las escuelas públicas del país.
