Funcionarios, defensores públicos y trabajadores administrativos de la Defensoría Pública de Nicaragua, participaron esta semana en capacitaciones sobre las “Reformas y Adiciones a la Constitución Política, Código Penal, Código Procesal Penal y la Ley 779”, impartido por formadores de esa institución.
De acuerdo con la responsable de capacitación, licenciada Martha Salomé Vega, el objetivo es actualizar los conocimientos de los defensores públicos sobre las reformas a las leyes penales, con el propósito de aplicarlas en los casos asignados, para realizar una defensa técnica apegada a Derecho.
La capacitación se realizó en las 18 delegaciones, participando 400 defensores, a quienes se actualizó además sobre la transversalidad de género, prisión perpetua revisable, ampliación del plazo de la investigación y tutela judicial efectiva.
En enero pasado la Asamblea Nacional aprobó la inclusión de la prisión perpetua revisable en el Código Penal y a la vez en la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, Ley 779.
El cambio en ambos cuerpos jurídicos fue posible, luego de que la Asamblea Nacional aprobara en dos legislaturas diferentes, la reforma al artículo 37 de la Constitución Política.
Tal acápite de la Carta Magna, establecía como pena máxima en Nicaragua 30 años de cárcel. El Código reformado define en su artículo 52 que la pena de prisión perpetua revisable es la privación de libertad por tiempo indeterminado, la cual será impuesta en los casos determinados por la ley.
El artículo 96 estipula la libertad condicional en prisión perpetua, revisable cuando el condenado haya cumplido 30 años de prisión efectiva, mantenga buena conducta en el centro penitenciario y exista un pronóstico favorable de reinserción social.
