Empieza a tomar forma el deseo de Estados Unidos de que México haga efectiva la extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Requerido por varios tribunales norteamericanos, y después de fugarse de prisiones mexicanas en dos ocasiones, es cada vez más concreta la posibilidad de que el líder del Cártel de Sinaloa sea entregado a la Justicia estadounidense.
Esa oportunidad creció este jueves luego de que el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México avalara su extradición, desechando tres de los cinco amparos presentados por la defensa.
Es tanto el temor de “El Chapo” a ser trasladado a Estados Unidos que uno de los principales motivos de su última fuga en julio de 2015 fue justamente evitar ser extraditado, según señaló en su momento su defensa.
El gobierno norteamericano aguarda desde hace más de dos décadas la extradición del capo narco. Según el Departamento de Estado, está acusado de tráfico de drogas y crímenes relacionados con los estupefacientes en diversas cortes de los estados de Arizona, California, Texas, Illinois, Nueva York y Florida.
En Arizona, estado fronterizo entre Estados Unidos y México, Guzmán es requerido desde 1993 por un tribunal federal, acusado de narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero.
Dos años después, en San Diego, California, “El Chapo”, junto a otros 22 miembros del Cártel de Sinaloa, fueron acusado de conspiración para transportar más de ocho toneladas de cocaína y de blanqueo de capitales.
En 2009, un tribunal de Chicago (Illinois) lo procesó con otros ocho narcos por complot para el tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, procedente de América del Sur y Central, importada en México y exportada a Estados Unidos.
En noviembre de 2010 y enero de 2014, en tanto, la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, con sede en Miami, presentó cargos contra el capo narco y otros cuatro miembros de la organización, a quienes acusa de “conspiración para producir y distribuir cocaína con la intención de importarla en Estados Unidos”. Frente a estas acusaciones podrían recibir una pena máxima de prisión perpetua.
Guzmán también es requerido en Texas, donde una corte federal de distrito reclama que sea entregado por las autoridades mexicanas en el marco del proceso EP-12CR-849-FM, presentado el 11 de abril de 2012.
En ese estado, afronta cargos por los delitos de asociación delictiva, contra la salud, delincuencia organizada, posesión de armas, homicidio y lavado de dinero.
En Nueva York, por su parte, recaen sobre su figura dos causas. Una en Brooklyn, donde se lo acusa desde 2014 de encabezar una “empresa criminal” y llevar a cabo un “complot para fabricación y distribución internacional de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana”.
La causa contra “El Chapo” presentada en Manhattan califica al Cártel de Sinaloa como “la organización de tráfico de droga más grande del mundo”. Asimismo, acusa al capo narco y a Ismael Zambada García, su principal socio, de haber ordenado asesinatos, intentos de homicidio contra policías y militares mexicanos y miembros de organizaciones rivales, y lavado de dinero procedente del narcotráfico.
Este jueves, Guzmán, quien llegó a ser el narco más buscado del mundo, quedó cerca del final que siempre temió: terminar en una prisión de Estados Unidos.
El Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México avaló la extradición del líder del Cártel de Sinaloa. Tres de los cinco amparos interpuestos por la defensa fueron desechados por el juez y en dos de ellos el órgano jurisdiccional resolvió negar la protección y amparo de la Justicia federal, según notificó el juzgado al Ministerio Público de la Federación.
La Procuraduría General de la República tomó conocimiento de la determinación y continuará el procedimiento hasta que las resoluciones queden firmes.
Sin embargo, la defensa de “El Chapo” todavía tiene la posibilidad de apelar la decisión para evitar su entrega a la Justicia norteamericana. Se espera que en las próximas horas el abogado José Refugio Rodríguez interponga un recurso de apelación ante un Tribunal Colegiado en Materia Penal, el cual podría resolverse en los próximos meses.
La orden del narco a su equipo de abogados es clara: llegar hasta las últimas consecuencias. Hasta podrían solicitar la intervención de la Suprema Corte de Justicia.
Pero el camino no fue fácil para las autoridades norteamericanas. El aval del gobierno mexicano a la extradición llegó recién después de la tercera captura del narcotraficante en enero de 2016 y después de más de dos décadas de múltiples requerimientos de la Justicia estadounidense.
El 11 de julio de 2015 “El Chapo” escapó de la prisión de máxima seguridad de El Altiplano en una escena casi de película. Fue a través de un túnel de un kilómetro y medio, construido entre su celda una casa humilde ubicada a las afueras del servicio penitenciario.
Tras lo sucedido, el presidente Enrique Peña Nieto asumió la responsabilidad por la vergonzosa fuga y se comprometió a recapturarlo. Al cumplir su objetivo, y ante las críticas de la opinión pública nacional e internacional, accedió a que se avanzara en su extradición.
Las idas y vueltas de Guzmán con la Justicia mexicana comenzaron en 1993, cuando fue detenido en Guatemala y condenado en su país a 12 años de prisión. En 1997, se le amplió la pena a 21 años de cárcel. Pero cuatro años más tarde, un 18 de enero, se dio a la fuga de la prisión de Puente Grande en un carro de lavandería con ayuda de algunos funcionarios.
Pasaron 13 años hasta su recaptura el 22 de febrero de 2014, en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, en una operación de la Marina mexicana. Tras su detención, fue enviado al penal del Altiplano, de donde escapó casi 18 meses después. Desde el pasado mes de mayo, “El Chapo” permanece recluido en el penal de Ciudad Juárez, fronterizo con Estados Unidos.
Mientras tanto, la Justicia mexicana avanza sobre el proceso de extradición. Renato Sales, comisionado nacional de Seguridad, declaró la semana pasada que el gobierno de Peña Nieto espera que el traslado se realice entre enero y febrero de 2017.
